San Luis Potosí, SLP.- El regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente presentó una iniciativa para establecer los Lineamientos Generales sobre el cobro de Servicios de Grúa y Pensiones en el municipio. Esta medida, destinada a beneficiar directamente a los habitantes de San Luis Potosí, está planeada para entrar en vigor a inicios de 2025.
La propuesta se basa en el artículo 87, fracción IX, de la Ley de Tránsito del Estado y establece que los pagos por estos servicios deberán realizarse exclusivamente en oficinas recaudadoras oficiales, eliminando el cobro directo de los prestadores. Este marco legal busca regular de forma clara y transparente los costos y procedimientos de estos servicios.
"Con esta iniciativa se pretende otorgar certeza jurídica y económica a los ciudadanos que, por diversas circunstancias, requieren servicios de grúa o pensión vehicular. Estos lineamientos brindarán claridad en tarifas y derechos, evitando cobros excesivos o arbitrarios que en el pasado han afectado la economía familiar", explicó Jasso Puente.
Hasta ahora, la falta de regulación ha permitido que los prestadores de servicio apliquen tarifas variables, en ocasiones excesivas, lo que ha impactado gravemente el patrimonio de las familias potosinas e incluso llevado a la pérdida de vehículos por no poder cubrir los altos costos.
Los nuevos lineamientos estipulan tarifas transparentes y diferenciadas según el tipo de vehículo, además de prohibir los cobros directos por parte de los prestadores. También garantizan el derecho de los ciudadanos a elegir el depósito vehicular y protegen sus pertenencias, responsabilizando a los prestadores por cualquier daño o pérdida durante el resguardo del vehículo.
La iniciativa incluye mecanismos de supervisión y auditoría periódica, así como un sistema de quejas y denuncias ante la Contraloría Municipal, para asegurar la correcta aplicación de los lineamientos y la protección de los derechos ciudadanos.
El regidor Jasso Puente destacó la importancia de discutir y aprobar esta propuesta lo antes posible para que entre en vigor a principios de 2025. "Es esencial priorizar esta iniciativa para terminar con los abusos que han sufrido los ciudadanos. Cada día sin estos lineamientos es un día más de vulnerabilidad ante cobros excesivos", afirmó.
Para facilitar una transición ordenada, se contempla un periodo de adaptación de 90 días para que los prestadores se ajusten a las nuevas disposiciones. Esta propuesta representa un paso hacia la modernización y transparencia en la prestación de servicios públicos, reforzando el compromiso del regidor Jasso Puente con la protección y el bienestar de los ciudadanos de San Luis Potosí.
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