La Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte de Justicia desechar las cinco acciones que discutirá mañana martes para determinar si invalida ciertas porciones de la reforma judicial.
La Corte recibió este lunes un escrito de la Cámara para solicitar el sobreseimiento de las demandas, es decir, su desechamiento sin examinar ninguno de los temas planteados por los partidos políticos que las promovieron.
La petición fue planteada con base en la reforma Constitucional publicada el jueves pasado, en la cual se estableció, de manera expresa, que "son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas" a la Carta Magna.
El segundo transitorio de la reforma menciona que ésta será aplicable a los asuntos que se encuentren en trámite.
Fuentes de la Corte estimaron que el posible desechamiento de las acciones por esta reforma será el primer tema a discutir por el Pleno, y que es probable que algunos Ministros y Ministras podrían considerar que no es aplicable, ya que las acciones contra la reforma judicial técnicamente ya no están en trámite.
El trámite de estos juicios habría concluido cuando el Ministro Juan Luis González Alcántara repartió el proyecto de sentencia a sus colegas el 28 de octubre, tres días antes de la publicación de la reforma.
Para rechazar el sobreseimiento solicitado por la Cámara de Diputados, basta el voto de seis de los 11 integrantes de la Corte, que también tendrán que discutir los argumentos de improcedencia planteados por los otros Poderes.
Esta discusión será de trascendencia histórica, pues la Corte nunca ha resuelto una acción o controversia en la que lo impugnado es una reforma a la Constitución.
El proyecto de González Alcántara dedica 45 páginas a sostener que estas reformas sí pueden ser revisadas, y en su caso, anuladas por ocho miembros de la Corte, porque el Poder Reformador de la Constitución no es omnipotente, sino que es un órgano constituido por la propia Carta Magna, y por tanto, no puede erosionar o eliminar sus principios fundamentales.
"Debe ser claro, directo y evidente, desde la cuestión efectivamente planteada, que a la reforma Constitucional cuestionada se le atribuya el derrocamiento de la forma republicana, representativa, democrática, laica o federal del Estado Mexicano", se explica en el proyecto.
Si la mayoría aprueba estos temas, la Corte estudiará el fondo del asunto, en el cual González Alcántara propone avalar la elección por voto popular de Ministros de la Corte y Magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero invalida la elección de todos los demás jueces y magistrados del País, porque el sistema para nominarlos no garantiza su capacidad e independencia, ni el voto razonado y auténtico de los ciudadanos.
La Corte también tiene pendiente una controversia abierta bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que no sería afectada por la reforma de "supremacía Constitucional", cuyo proyecto toca presentar al Ministro Alberto Pérez Dayán.
nacionales
