Tiene FGR testigo en caso Segalmex

La Fiscalía General de la República (FGR) convirtió en su testigo colaborador a Hugo Gerardo Rosales Badillo, ex candidato suplente de Morena a la alcaldía de Durango, después de que declaró contra los implicados en la presunta compra-venta simulada de azúcar que ocasionó un desfalco de 142 millones de pesos a Segalmex.

La dependencia federal concedió a Rosales Badillo un criterio de oportunidad y luego se desistió de la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, señalan documentos judiciales.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, anuló el mandamiento de captura, motivo por el que el duranguense dejó de ser perseguido por la justicia.

"En virtud de que la fiscalía explica que la razón por la que solicita la cancelación de la orden de aprehensión obedece que se ha autorizado un criterio de oportunidad, lo cual necesariamente conduciría a la extinción de la acción penal... como solicita la fiscalía de la Federación, se decreta la cancelación de la orden de aprehensión", dice el acuerdo del juez.

Rosales Badillo fue secretario general de Gobierno de la administración de Jorge Herrera Caldera, Gobernador priista de Durango, pero en febrero de 2011 dejó el cargo, apenas cinco meses después de asumirlo.

En 2019, el nombre de Rosales Badillo fue relacionado con el caso de los jueces y magistrados del fuero común de Nayarit que fueron procesados por el presunto despojo de viviendas a unos 60 mil derechohabientes del Infonavit.

Si bien fue señalado como uno de los abogados que desde su despacho redactaban fallos que los juzgadores luego firmaban, hasta donde se tiene conocimiento el duranguense no fue imputado penalmente por ese asunto.

En 2021 se registró como precandidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y en 2022 fue suplente del candidato Alejandro González Yáñez a la alcaldía de Durango por la coalición de Morena, PT y RSP.

El 2 de marzo de 2023 el juez Salazar ordenó su aprehensión en el caso de la presunta compra-venta simulada de azúcar al organismo descentralizado.

Esta vez a Rosales Badillo le imputaron recibir depósitos por 10 millones de pesos de la empresa "fachada" Servicios Integrales Carregín, después de que ésta cobró los 142 millones de pesos a Segalmex, aparentemente sin entregarle un solo gramo de azúcar.

Casi de inmediato al mandamiento de captura, Rosales Badillo publicó un desplegado para deslindarse de la acusación.

En su posicionamiento público, acusó a Fernando Hiram Zurita Jiménez --director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina en los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard--, de ser el operador de Servicios Integrales Carregín.

Zurita está preso en el Penal del Altiplano por ese asunto.

En su descargo, Rosales Badillo dijo que previamente le había prestado los 10 millones de pesos a Zurita y éste le pagó con transferencias que se hicieron desde la cuenta a nombre de Carregín, sin saber que la compañía estaba involucrada en un contrato fraudulento.

"Lamentablemente el hoy diputado federal del PAN, Guillermo Octavio Huerta Ling, me presentó al empresario Fernando Hiram Zurita y me convenció que le prestara dinero a esta persona, misma que me pagó 10 millones de pesos a mediados de 2020, pero lo hizo a través de una de sus empresas que controla, de nombre Servicios Integrales Carregín, y ahora resulta que esta empresa cometió fraude a Segalmex en venta de azúcar y, por el dinero que me depositó en pago, se me involucra en el fraude de Segalmex", señaló Rosales Badillo en el desplegado.

Agua y hielo

Según la FGR y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicios Integrales Carregín era una empresa que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada, cuando recibió el contrato supuestamente fraudulento del azúcar.

El 27 de diciembre de 2023 Rosales Badillo le pidió a la FGR el criterio de oportunidad, es decir, la inmunidad penal, a cambio de proporcionar "información sensible y útil que puede ayudar al esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, así como lograr que el culpable no quede impune", según documentos judiciales.

El 5 de enero de este año la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de su Fiscalía Antilavado, autorizó concederle el beneficio, pero hasta el 30 de enero se desistió de la orden de aprehensión.

Según conocedores del caso, Rosales Badillo ofreció ratificar ante el Ministerio Público lo que ya había manifestado en su desplegado contra Zurita, quien en febrero pasado pidió a la FGR un procedimiento abreviado para declararse culpable y obtener una pena mínima, aunque no se ha formalizado un acuerdo al respecto.

Antes de conseguir la inmunidad penal, el duranguense había ganado un amparo en primera instancia, en el que se ordenó reponer el procedimiento y resolver de nueva cuenta si debía ordenarse su captura o citarlo a una audiencia de imputación.

Ese amparo fue impugnado por la FGR y llegó a un tribunal colegiado, pero en mayo de este año dicho órgano jurisdiccional desechó la impugnación porque la Fiscalía ya había retirado la orden de aprehensión.