El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advierte que ya estamos en una crisis constitucional y que un hipotético desacato a la aprobación de su proyecto de sentencia, sobre la reforma judicial, no haría más que profundizarla.
Su anhelo, su expectativa, dice, es que este martes al iniciar la discusión de la reforma en el Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación logre los consensos mayoritarios y las consideraciones compartidas, para traer la paz social en un momento tan complicado para el País.
¿Cuáles son sus expectativas sobre la discusión en el Pleno de su proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial?
El proyecto de la ponencia se hizo en el mejor ánimo para dialogar y deliberar con mis compañeras Ministras y mis compañeros Ministros. Cada vez que uno presenta un proyecto al análisis y estudio del Tribunal Pleno, lo hace confiando en que será analizado de buena fe y con las expectativas de que logre ser suficientemente sólido para convencer a los integrantes del máximo tribunal constitucional de nuestro País; pero veremos qué ideas y posturas tienen respecto de los diferentes apartados en los que puede haber coincidencia, mejora o rechazo.
Esperamos un diálogo franco, respetuoso y fructífero para el bienestar de México y que permita resolver el tema que aborda a lo largo del mismo. Deseamos lograr serenarnos y alcanzar una respuesta positiva, aunque sin duda, no unánime ni unívoca. La revisión de reformas constitucionales siempre ha dividido la opinión, por lo que imagino que será una discusión muy enriquecedora, probablemente larga y muy importante para el futuro de la vida nacional, en el campo de la impartición de la justicia. Lo que anhelamos, en última instancia, es que se logren consensos mayoritarios y consideraciones compartidas para traer paz social en un momento tan complicado.
¿La eventual aprobación del proyecto, en todos sus términos, ¿tendrá un impacto en la reforma judicial que ya está en curso?
Si el proyecto fuera aprobado en sus términos, claro que habría un efecto para el proceso de renovación de los poderes judiciales federal y locales.
Sobre todo, la elección de personas Juezas y Magistradas federales se eliminaría. Esto es así porque el proyecto propone que todos los Jueces de Distrito y los Magistrados de Circuito mantengan los cargos para los que habían sido nombrados originalmente, y que, de aquí en adelante, sigan accediendo al cargo mediante exámenes de oposición.
El resto del proceso electoral extraordinario 2025 seguiría en curso para poder elegir, por voto popular, a las personas Magistradas del Tribunal de Disciplina, de la Sala Superior y las Salas Regionales y, por supuesto, para poder elegir a las y los Ministros.
Sabemos perfectamente que nosotros no tenemos, ni pretendemos tener, la fuerza física o política para imponer un criterio o una realidad, pero sí tenemos la voluntad de que nuestra facultad de defender la Constitución sea respetada, en un diálogo armónico con los demás Poderes de la Unión.
Por eso, el proyecto que proponemos no legisla, tampoco aporta soluciones novedosas, simplemente propone invalidar aquellas porciones que, desde nuestro punto de vista, resultan contrarias a nuestro fundamento constitucional. Sin embargo, consideramos que el proyecto mantiene, en lo esencial, el espíritu de la reforma emprendida que fue introducir el voto popular en la conformación del Poder Judicial; así como, la voluntad electoral del órgano reformador.
¿No teme o le preocupa que los Poderes Ejecutivo o Legislativo desacaten el fallo de la Corte, en caso de que les resulte adverso?
Somos optimistas. A pesar de que existe esa posibilidad de que así sea y no logremos convencerlos en la necesidad de que la independencia judicial no sólo es un derecho de las personas Juezas y Magistradas del País, sino también y, sobre todo, un derecho de las personas en una sociedad democrática. No somos ingenuos porque esta posibilidad, más allá del optimismo, ha sido ya anunciada por algunos líderes del Congreso de la Unión. Por eso llamamos a la reflexión, hicimos público un proyecto en el que nos guiamos por un principio de máxima deferencia y de autocontención.
A fin de cuentas, soy un demócrata, soy un republicano, y confío plenamente en que el Estado de Derecho prevalecerá y que todos los actores, incluidos las Ministras y los Ministros, sabrán asumir con entereza su responsabilidad y su lugar en la historia.
En ese escenario, ¿usted anticiparía una crisis constitucional?
Ya estamos en una crisis constitucional. Hablamos de crisis constitucional cuando, en términos generales, no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas.
El proyecto anticipa que estamos ya en una crisis constitucional por el número de resoluciones dictadas en juicios de amparo, respecto de la reforma judicial, que no han sido acatadas. Hay una crisis constitucional cuando desde la tribuna legislativa se exhorta a la población y al resto de las autoridades a desacatar una resolución judicial.
Sin embargo, siempre hay un peor escenario. Sin duda alguna, ante una eventual votación favorable del proyecto, un hipotético desacato sería muy desafortunado e implicaría un nivel mucho más profundo en esta crisis.
De ahí el llamado a la prudencia de todos los actores involucrados de forma relevante en este proceso, desde las personas juzgadoras hasta la Presidenta de la República. Yo veo en muchas autoridades signos y señales de prudencia, como la del Presidente del Senado que nos solicitó conocer de este proyecto de forma prioritaria para poner fin a la falta de certeza o de la propia Presidenta de la República que, ante el clamor de la prensa, optó por la mesura, por llamar a esperar nuestra respuesta.
'No sería acatada'
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa prevé que no sería acatada por el Ejecutivo y el Legislativo una eventual invalidación de la reforma judicial, en los términos que propone el Ministro Juan Luis González Alcántara.
Pero, además, estima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría la posibilidad de hacer cumplir una sentencia de esa naturaleza, dado que implica destituir y consignar a casi todos los integrantes de los otros dos Poderes de la Unión.
De cara a la discusión de la reforma, que inicia este martes en el Pleno de la SCJN, Esquivel llamó a los Ministros a la prudencia y a evitar un enfrentamiento de poderes que ocasionaría una crisis constitucional con afectaciones políticas y económicas para el País.
"En caso de que llegaran a los 8 votos, para declarar inconstitucional la Constitución -ese es el tema-, definitivamente ante una resolución inédita, probablemente ilegal, o inédita e ilegal, las autoridades, pues no podrían obligarse ¿a quién vamos a destituir? ¿a todo el Congreso? ¿500 diputados, 128 senadores, la Presidenta de la República? pues de una vez a los consejeros del INE y de paso al director del Diario Oficial. ¿Entonces se va a quedar nada más la Corte? ¿y luego como se hace esa destitución?", cuestionó, en entrevista con REFORMA.
"En otros países, la Constitución expresamente le da a la Suprema Corte o Tribunal Constitucional facultades para revisar la propia Constitución, pero en el caso nuestro, en ninguno de los artículos de la Constitución lo establece, ninguno de los 136 artículos, ningún artículo de la Constitución establece que tengamos facultades para poder revisar reformas constitucionales".
Esquivel afirma que no es sano para México que una resolución de la Corte y un nuevo criterio de sus Ministros, en contra de sus posturas previas, derive en un enfrentamiento entre poderes de mayores proporciones.
Para la integrante de la Segunda Sala, antes de debatir la constitucionalidad de los diversos aspectos de la reforma, hay dos temas que deben zanjarse.
El primero es si los partidos políticos pueden impugnar una reforma constitucional, porque el artículo 105 de la Constitución sólo los legitima para combatir las leyes electorales; y el segundo es si la Corte puede revisar reformas a la Carta Magna, cuestión de la que no existen criterios previos. El Ministro ponente considera que la respuesta para los dos planteamientos es sí.
Sobre si el proyecto de sentencia de la reforma judicial pudiera quedar sin materia, derivado de la nueva reforma de supremacía constitucional -que cancela las impugnaciones contra la Carta Magna-, Esquivel dice que es un tema debatible y del que tampoco hay una regla escrita.
De acuerdo con Esquivel, el 30 de octubre, el Ministro González Alcántara cerró la instrucción de las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y al día siguiente se publicó la reforma de supremacía constitucional, que es aplicable a los asuntos en trámite.
Lo discutible del proyecto de sentencia es precisamente determinar si está o no en trámite el expediente de las acciones de inconstitucionalidad, porque en caso de considerarse que sí lo está, en teoría debería desecharse el asunto en el Pleno.
Cuestionada respecto a si la renuncia de los Ministros contribuía a distender políticamente el enfrentamiento con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Esquivel responde que renunciaron porque la reforma misma los obligaba.
"La salida de los Ministros responde a un acuerdo fundamentalmente del Pleno y al artículo séptimo transitorio de la reforma al Poder Judicial y señala que para que los Ministros puedan gozar de su haber de retiro tendrán que presentar su renuncia a más tardar el 31 de octubre, lo dice el acuerdo y el séptimo transitorio, y es lo que hicieron los Ministros para tener derecho a este haber de retiro; puedes presentar declinación a participar en la boleta y, adicionalmente, la renuncia, que va a ser a partir del 31 de agosto de 2025, no es en este momento la renuncia".
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