Los hospitales públicos del estado de Texas (EE.UU.) preguntarán a partir de este viernes el estatus migratorio de los pacientes en cumplimiento de una orden del gobernador Greg Abbott para recolectar información sobre el costo de los cuidados a los migrantes que no tienen un estatus legal para pasarle la factura al Gobierno Federal.
La norma no restringe a los hospitales a proveer servicios a los migrantes irregulares, pero obliga a los centros de salud a proveer informes sobre la carga económica que representa la atención a esta comunidad. El primer reporte se debe presentar en marzo del próximo año.
Con la entrada en vigor de la normativa, Texas se une a Florida, un estado que desde el año pasado recolecta información sobre la atención que sus hospitales le dan a los indocumentados, que por ahora es ínfima.
Los pacientes no están legalmente obligados a responder la pregunta, y los hospitales deberán prestar la atención. Según la ley federal, los hospitales están obligados a proporcionar detección y estabilización de emergencia.
Con la orden ejecutiva de Texas, emitida en agosto pasado, el gobernador republicano busca obtener un “reembolso” por parte del Gobierno del presidente Joe Biden de los gastos en los que el estado haya incurrido para “apoyar el cuidado médico” de los migrantes indocumentados.
“Los tejanos no deberían tener que soportar la carga de apoyar económicamente la atención médica de los migrantes ilegales”, dijo Abbott al firmar la normativa.
La orden ejecutiva pide a los hospitales informar a los pacientes que la respuesta a las preguntas sobre su estatus migratorio “no afectarán el cuidado” que reciban.
La Asociación de Hospitales de Texas ha recalcado que la entrada en vigencia de la orden no modifica en nada el servicio que deben prestar a la comunidad, según información citada por el diario The Texas Tribune.
En Florida, los datos iniciales sugieren que menos del 1 por ciento de las visitas y admisiones a salas de emergencia de hospitales fueron entre migrantes indocumentados, según un informe de la organización sin ánimo de lucro KFF.
La normativa en Florida obliga a los hospitales a indicar a los pacientes que la respuesta sobre su estatus legal en EE.UU. no dará lugar a un informe a las autoridades de inmigración. Este requisito no está especificado en la orden ejecutiva de Texas.
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