La misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) denunció que el Gobierno de facto de los talibanes vetó la emisión en directo de programas sobre política, que deberán ser aprobados por los fundamentalistas previamente, y emitió restricciones sobre los analistas que pueden participar en ellos.
En un informe publicado sobre la situación de derechos humanos en Afganistán, la UNAMA afirmó que el Ministerio de Información y Cultura de los talibanes ordenó en septiembre a los medios de comunicación «que suspendieran los paneles políticos en directo».
Las autoridades obligaron a que estos programas sean grabados previamente de forma que «el contenido que se considere sensible o contrario a las autoridades de facto se elimina antes de su emisión».
Adicionalmente, la misión de la ONU indicó que el ministerio había compartido a los medios una lista de 64 analistas, entre las que se incluyen dos mujeres, que podrían ser invitados a dichos programas.
En caso de que un medio quiera invitar a otro experto, deberá pedir permiso a los talibanes, de quienes también tendrá que recibir el visto bueno sobre el tema de discusión.
Según la UNAMA, el Ministerio de Información y Cultura también vetó la participación de eruditos religiosos que puedan causar confusión o alentar la disputa, lo que deja un amplio margen de interpretación a los talibanes para permitir o no la intervención de aquellos que no compartan su ideología.
Los programas de debate político siguen emitiéndose en la televisión afgana, a pesar de que el Gobierno de los talibanes prohibió recientemente la emisión de videos o imágenes de seres vivos por considerarlos contrarios a la ley de moralidad que ratificó el pasado agosto.
La libertad de prensa, entre otros derechos básicos, ha sufrido un grave deterioro desde la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021.
Afganistán ha sufrido la desaparición de más de la mitad de los 547 medios que operaban en el país desde esa fecha, que llevó a muchos periodistas a abandonar el país por temor a los fundamentalistas, mientras que muchos que se quedaron son víctimas de amenazas o han llegado incluso a ser arrestados.
El país asiático, que ya antes era considerado como uno de los más peligrosos del mundo para los profesionales de la información, se situó en el puesto 178 de 180 países en el último indice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
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