Magistrados de circuito afirmaron que no existe evidencia de una corrupción generalizada en el Poder Judicial de la Federación (PJF), como lo ha sostenido por años la Presidencia de la República, y pidieron a quienes acusan presentar pruebas.
Juan José Olvera López y Juan Carlos Ramírez Benítez afirmaron que, por el contrario, la propia Auditoría Superior de la Federación ha reconocido que el PJF prácticamente no registró irregularidades en el ejercicio de los recursos en 2023.
"Se pueden cometer desaciertos de contenido administrativo y se sancionan y se da cuenta de esas sanciones, pero de allí a hablar de corrupción como una lacra social, como actividad delictiva y generalizada, me parece que no hay ningún fundamento y solo se trata de señalamientos sin pruebas", dijo Olvera en la conferencia matutina de los juzgadores.
"Pedimos nuevamente que, si las hubiera, las muestren, porque me parece que el pueblo tiene derecho a conocer los fundamentos de cualquier señalamiento, me parece que esto lo pide cualquier persona me parece que es muy legítimo que a quien se le señale, tenga derecho al menos que se le muestren las pruebas, eso es lo único que se pide también cuando se hacen señalamientos hacia los jueces, que nos muestren las pruebas, me parece que en este punto no tenemos hasta este momento pruebas concretas de corrupción generalizada".
Olvera incluso preguntó si había sanciones administrativas y procesos penales contra impartidores de justicia federales se hubieran iniciado por denuncias formales de la Fiscalía General o del Poder Ejecutivo, más allá del ámbito mediático.
"¿Podríamos conocer cuántos asuntos dentro del propio Poder Judicial de la Federación fueron denunciados por el ejecutivo federal? ¿podría la FGR de darnos un reporte de cuántos asuntos ha llevado los tribunales y en cuántos ha demostrado los hechos para obtener condenas por la labor de los jueces?", cuestionó.
El magistrado Ramírez Benítez hizo énfasis en que el ejercicio de los recursos en el PJF ha sido transparente y correcto, conforme a la revisión de la cuenta pública del 2023, dado a conocer por la ASF.
"El monto auditado fueron 5 mil 487 millones de pesos, de acuerdo a la nota que se publicó y se eligió un muestreo de este total de capital, pero con la situación de que ese muestreo abarcó el 91.6 por ciento de esa suma, prácticamente fue en la totalidad de la cuenta", afirmó.
"Ahora, de este monto se detectó que había necesidad de aclarar algunos aspectos, solamente de 159 mil 676 pesos, esto es el equivalente al 0.003 por ciento, más o menos en números redondos, entonces, esto nos da la claridad de que las cuentas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el PJF, se maneja con toda claridad y transparencia".
En tanto, la magistrada Julia María García González comentó que las acusaciones de corrupción del Ejecutivo federal contra el PJF se han dado en un contexto de ataque a las decisiones que tomaban los juzgadores y que desfavorecían al Gobierno.
"Vale la pena evidenciar que estas imputaciones de corrupción generalmente eran derivadas de nuestro actual jurisdiccional y de los criterios que íbamos asumiendo en determinados casos, que hay en este en este sentido, pues le importan a ciertas autoridades", expresó.
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