La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó en última instancia la sentencia absolutoria de Rosario Robles, en el caso de la Estafa Maestra en la que fue acusada de haber sido omisa ante los desvíos de sus colaboradores por más de 5 mil millones de pesos.
Por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte desecharon el recurso de revisión que promovió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para tratar de revertir la absolución de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.
El 24 de febrero de 2023 el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat canceló el proceso a la ex funcionaria con el argumento de que los hechos que le imputaban no eran un delito y que, en todo caso, debían ser investigados como faltas administrativas.
La FGR le había imputado y logrado procesar por ejercicio indebido del servicio público, un delito que si bien no contempla la prisión preventiva oficiosa, la mantuvo presa en el penal de Santa Martha desde el 13 de agosto de 2019 al 19 de agosto de 202.
El fallo del juez Paredes tenía los alcances de una sentencia absolutoria.
La determinación fue impugnada, pero en diciembre pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México convalidó los argumentos del juez, al estimar que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la ASF ofrecieron razonamientos jurídicos para revertir la decisión.
No conforme con esta determinación, la ASF presentó un amparo directo, pero el pasado 25 de abril el Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México se lo negó, convalidando el criterio de las dos instancias anteriores.
La ASF no se dio por vencida y presentó un recurso de revisión para intentar que en última instancia la SCJN revirtiera el fallo en su favor, sin embargo, no fue así.
A propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara, la Primera Sala desechó el recurso.
Para la ex Secretaria de Estado, este fallo constituye el punto final de las acusaciones que le hicieron por el caso de la Estafa Maestra.
Por el mismo caso se giró una segunda orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, dinero supuestamente desviado de un contrato de la Sedesol para levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales.
Sin embargo, la FGR nunca le quiso ejecutar ese mandamiento de captura, ni cuando estaba en prisión ni cuando salió en libertad.
Después, Robles ganó un amparo que obligó al juez de la causa a negar la aprehensión, fallo con el que ese segundo fue finiquitado también en abril pasado.
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