Estados Unidos, el principal baluarte de Israel en su ofensiva contra Gaza y el Líbano, dio la espalda este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU a la cruzada del Gobierno israelí contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), evidenciando el aislamiento internacional del país mediterráneo en su persecución contra esta agencia humanitaria.
El principal órgano de Naciones Unidas pidió este miércoles a Israel que permita seguir operando a la UNRWA en Israel y en los territorios palestinos ocupados, después de que el parlamento israelí (Knéset) aprobara dos leyes para vetar sus actividades en la zona.
En un comunicado firmado por sus quince miembros -incluido Estados Unidos, que ha vetado la gran mayoría de resoluciones rechazadas por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu- el Consejo pide a Israel que cumpla con sus obligaciones internacionales, respete los derechos e inmunidades de la UNRWA y facilite una asistencia humanitaria «rápida, segura y sin trabas» en toda la Franja de Gaza.
La petición del Consejo culmina una ola internacional de críticas y muestras de rechazo por la decisión de la Knéset de aprobar en la noche del lunes -con 92 votos a favor y 10 en contra- dos leyes que buscan cerrar las oficinas de la UNRWA en Jerusalén este, ciudad ocupada por Israel en 1967, y limitar sus operaciones en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Hoy mismo, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora israelí, Amichai Chikli, insistió en la postura de su Ejecutivo: «La UNRWA es parte del problema, no de la solución».
Ola de reprobación internacional
Incluso antes de que el Parlamento israelí sacara adelante las nuevas normas contra la UNRWA, la comunidad internacional intentó detener la iniciativa legal y la víspera, los ministros de Exteriores de Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Japón y Corea del Sur, unieron sus voces sin éxito para mostrar su «grave preocupación» por las leyes que un día después aprobó la Knéset.
«UNRWA proporciona ayuda humanitaria salvadora de vidas y esencial y servicios básicos a refugiados palestinos en Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania y toda la región», enfatizaron entonces antes de incidir en que la interrupción de su labor tendría «consecuencias devastadoras para la situación humanitaria ya crítica y en rápido deterioro» en Gaza.
El mismo día de la votación, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió a Israel que reconsiderara su decisión y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, instó al Gobierno a no aplicar la nueva ley.
A estas voces se sumaron la del secretario general de la ONU, António Guterres, que dijo sentirse «profundamente preocupado» y que recordó que Israel tiene «obligaciones según el derecho internacional, incluyendo la ley internacional humanitaria y las que conceden privilegios e inmunidades a la ONU».
Por supuesto, se unieron también las de los países árabes, que a través de la Liga Árabe mostraron su repudio a un paso que, según ellos, muestra el «desprecio» de Israel por las Naciones Unidas, además de otras muchas, incluidas las de grandes potencias como China y Rusia, que hoy apoyaron en el Consejo de Seguridad el comunicado contra la decisión israelí.
Una larga campaña de acoso
Israel ha justificado estas leyes asegurando que unos 2.100 empleados de la UNRWA pertenecen a la organización islamista Hamás, pero sin presentar pruebas contundentes.
El pasado mes de enero acusó a doce de sus más de 30.000 trabajadores de participar activamente en los ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiéndoles.
Desde entonces, Israel se ha implicado en una larga campaña de acoso mediático que salpicó incluso a António Guterres, que el pasado 2 de octubre fue declaró persona «non grata» por Israel y a quien miembros del Gobierno de Netanyahu han llegado a calificar de «portavoz de Hamás».
En cuanto Israel vertió tales acusaciones en enero, 18 países anunciaron que retiraban sus fondos, incluidos sus principales donantes -EE.UU., Alemania, Japón o Francia-, lo que supuso un recorte del presupuesto de 450 millones de dólares en plena respuesta de emergencia en la Franja de Gaza.
La mayoría de países, incluidos Canadá, Suecia, Australia o la propia Unión Europea, retomaron meses después la financiación a la UNRWA ante la falta de pruebas presentadas por Israel.
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