Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles se manifestaron este martes frente al Ayuntamiento de Los Ángeles para expresar su preocupación por la elección del exalguacil Jim McDonnell como el próximo jefe de policía de la ciudad, a pesar de su historial de estrecha colaboración con las autoridades migratorias.
La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, anunció a comienzos de mes que había escogido a McDonnell para liderar el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el tercero más grande en los Estados Unidos, con más de 9.000 integrantes.
“Nos preocupa la elección de McDonnell por sus antecedentes”, advierte a EFE Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés).
McDonnell fue el jefe del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD, en inglés) entre 2014 y 2018, periodo en el que no logró entablar una buena relación con las organizaciones de defensa de los inmigrantes y de los derechos civiles.
Alvarado recuerda que el exalguacil fue “la persona que más se opuso” a la aprobación de la Ley Santuario de Inmigrantes de California (SB54), que prohíbe a las agencias del orden, estatales y locales, investigar, interrogar o detener y detectar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de inmigración, promovida por el entonces senador estatal Kevin de León.
Incluso NDLON tuvo que demandar al entonces alguacil para que entregara información pública sobre el enfoque en ese entonces del LASD hacia los inmigrantes. El exalguacil, que se retiró del partido republicano para presentarse como independiente, perdió su reelección ante un candidato que se mostró a favor de las leyes santuario.
Los antecedentes de McDonnell han llevado a unas 60 organizaciones, entre las que se cuentan la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU), a pedir al Concejo de Los Ángeles que se apruebe urgentemente una norma santuario en la ciudad para proteger a los inmigrantes.
En la misiva, los activistas advirtieron que dado el historial como alguacil que estuvo "en colusión" con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la Administración de Donald Trump (2017-2021), en sus esfuerzos de deportación masiva, se sienten "profundamente preocupados por la seguridad de los inmigrantes angelinos”.
En la manifestación de este martes Pedro Trujillo, director de movilizaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, en inglés), indicó que muchas familias hispanas sufrieron por las políticas de McDonnell. “El no fue amigo de los inmigrantes”, consideró.
Los activistas también han reprochado a Bass el nombramiento de McDonnell. “El exalguacil tiene un déficit de confianza entre los residentes de Los Ángeles y en general en el estado, ¿por qué la alcaldesa no evaluó esto mejor?”, cuestiona Alvarado.
La preocupación de que el exalguacil llegue al cargo aumenta con la posibilidad de que Trump sea elegido el próximo 5 de noviembre, ya que una de las principales promesas de campaña del republicano son las deportaciones masivas.
Alvarado recuerda que McDonnell está atado por la SB54, que tiene que cumplir, y asegura que su organización está dispuesta “a llegar a las últimas instancias para defender la ley”.
“Si tenemos que demandar a la ciudad lo vamos a hacer, no vamos a echar hacia atrás todo lo que hemos logrado”, advierte el director de NDLON.
McDonnell, que prestará juramento el próximo 14 de noviembre, trabajó 28 años en el LAPD, así que es conocido del departamento, donde se espera que haga reformas. Bass elogió su carácter innovador cuando lo presentó.
“Puede ser que en estos años haya cambiado, el problema es que deberá hacer mucho para lograr ganarse la confianza de la comunidad migrante”, manifiesta Alvarado.
El activista espera que tanto el Ayuntamiento como McDonnell logren establecer en su departamento una línea bien clara sobre la diferencia en el trabajo de la Policía y los agentes de inmigración. “Nosotros estaremos vigilando para que lo cumpla”, puntualizó.
internacionales
