Ciudad de México.- La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso la primera acción colectiva en su historia en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana por ponerse de acuerdo durante un periodo de 10 años para:
1. No distribuir medicamentos durante ciertos días del año
2. Limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias
3. Manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias
Estas conductas redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de los medicamentos en el país, generando un daño que la Cofece calculó en más de 2 mil millones de pesos. En 2021, la Cofece sancionó a varias empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley. Adicionalmente, inhabilitó a diez directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos. Ahora la Cofece exige, por medio de las acciones colectivas, que las empresas paguen 2,316 millones de pesos para reparar el daño.
En la demanda, solicitamos al Poder Judicial que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar, de manera que sirvan para atender la salud de todas y todos los mexicanos, que fue el sector donde se sufrió el perjuicio. Recordemos que los hogares más pobres gastan un mayor porcentaje de su ingreso en medicamentos, por lo que los sobreprecios afectan más a quienes menos tienen.
¿Qué son las acciones colectivas?
Un eje de la nueva fase de la política de competencia es ejercer al máximo las facultades que la Comisión tiene. Una de ellas, que ejercemos por primera vez, es la presentación de acciones colectivas.
Las acciones colectivas en materia de competencia son un tipo de demanda que permite que quienes hayan sufrido daños derivado de una conducta anticompetitiva determinada por la Cofece, sean compensados por el daño sufrido. Es decir, que las empresas infractoras de conductas anticompetitivas tengan que reparar el daño causado. En ese sentido, la Cofece funge como representante de la colectividad afectada, absorbiendo todos los costos derivados del procedimiento judicial.
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