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Avalan en comisiones dictamen de programas del Bienestar
Agencia Reforma | 29/10/2024 | 08:29
Por unanimidad, en comisiones unidas del Senado se aprobó el dictamen que eleva a rango constitucional los programas Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión para Adultos Mayores a partir de los 65 años.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, de suerte que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, mientras que, a todas las personas mayores de 65, les corresponderá una pensión no contributiva de adultos mayores.
El documento indica que el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.
Para ello, se destinarán anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, a fin de asegurar los derechos establecidos en este artículo, por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
El dictamen también subraya que el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de:
Un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.
Además, el proyecto establece que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
Por Morena, el senador Raúl Morón Orozco afirmó que el proyecto otorgará más acceso a la justicia social, principalmente para aquellos grupos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, ya que obliga al Estado a garantizar estados de bienestar para las mexicanas y mexicanos adultos mayores, con alguna discapacidad, campesinos y pescadores.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, consideró que las reformas, efectivamente representan un acto de justicia social, "pero debemos tener claro que eventualmente necesitamos caminar" hacia un sistema de seguridad social universal, porque lo ideal es que todos los mexicanos tengan acceso a los mismos derechos.
La priista Claudia Edith Anaya Mota propuso hacer precisiones en la redacción de la reforma para evitar que se invadan las facultades de las entidades federativas y que éstas puedan implementar sus políticas sociales con independencia de las del Gobierno Federal.
Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, consideró que México requiere de un Estado de bienestar que garantice los derechos de todas las personas, y no de un gobierno que otorgue recursos, programas o políticas públicas con una visión "clientelar o de filantropía".
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