Somos testigos de una situación de extrema soberbia política, también de la más preocupante de las acciones contrarias al equilibrio de poderes, que hayamos visto en la historia moderna en el país. La semana pasada, el Senado aprobó la reforma para “impedir que los ciudadanos o instituciones puedan impugnar la Constitución, ya sea por juicio de amparo, controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad”.
La llamada “Supremacía Constitucional” que los legisladores de Morena y sus aliados, buscarán aprobar esta semana en la Cámara de Diputados, implica modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). A partir de estos cambios, las reformas constitucionales no podrán ser impugnadas por ninguna de las vías actualmente establecidas.
Los cambios trastocan de manera profunda el equilibrio republicano de poderes hasta hoy prevaleciente, pues le quitan al Poder Judicial la capacidad de “contrapesar” y corregir los errores en que pudiera incurrir el Poder Legislativo en el momento de construir las leyes. Cabe recordar que los citados preceptos de la Carta Magna, son los que establecen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá de las controversias constitucionales, con la finalidad de preservar la división de poderes, tanto en el plano horizontal, como vertical entre órdenes de gobierno, en caso de que se considere que una norma, acto u omisión, invade la esfera de competencia de “los Poderes, órganos autónomos u órdenes de gobierno”.
Por otra parte, al quitar las acciones de inconstitucionalidad, se eliminaría el mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es parte. Se trata de una herramienta fundamental para evitar que una norma general (ley, tratado internacional, reglamento o decreto), no respete lo que establece la propia CPEUM. De aprobarse lo que ha resuelto el Senado de la República, no habrá forma de corregir las equivocaciones en que incurra el poder legislativo en el momento de aprobar las leyes.
Pensar que los votos conseguidos en la pasada elección, son suficientes para gozar de una licencia “perene” para tener la razón sobre cómo debe funcionar el país, es un acto arrogante y contrario a la mas sencilla decencia democrática. El absolutismo, sea del Poder Legislativo con la justificación del respaldo de las masas o del Poder Ejecutivo como el que vivimos durante décadas en el régimen priista, es peligroso y puede llegar a ser mortal para la República.
El oficialismo hace gala de una terrible altanería que, acorde con la propaganda a favor de su supuesta “transformación”, solo ha servido para cohesionar amplias mayorías, informadas a medias. No obstante, la pregunta relevante se mantiene: en un país que pretende ser democrático ¿dónde quedan las minorías? ¿Y el equilibrio entre los poderes? Preocupa que el voluntarismo mayoritario se imponga por encima de la razón jurídica.
¿Cuál es la razón por la que han decidido arreciar el paso para quitarle poder a los juzgadores? El modelo autoritario que construye Morena se parece cada vez más al que imperó durante el régimen priista: Concentrado en un solo partido político que busca ser hegemónico, dependiente de las decisiones que impulsen el Ejecutivo y su mayoría parlamentaria, con capacidad de que las prioridades “políticas” se impongan por encima de los designios jurídicos establecidos en la ley. Desafortunadamente, esta “segunda versión”, no solo es mala, sino que tiene peores excesos.
La dirección de la hegemonía partidista, no depende de la presidenta como antes en el PRI dependía del titular ejecutivo en turno. Ahora, la directriz la mantiene AMLO desde fuera del poder como expresidente, para ello, su hijo opera desde la Secretaría de Organización Política. La mayoría parlamentaria se mantiene alineada al mandatario anterior, en tanto la nueva, no alcanza -o no intenta aún- construir un alineamiento político propio. Por último, el riesgo de esta visión sectaria, es aún mayor. En un país en el que, de manera preocupante, la imposición de fuerza la ejerce crecientemente la delincuencia organizada, ¿hace sentido mantener la división frente a un peligro que asecha a la sociedad en su conjunto?
La #SociedadHorizontal debe cohesionarse para evidenciar el terrible peligro que representan estos cambios. De consolidarse, el futuro armónico de la #NuevaRepública estará en un terrible riesgo.
