Impartidores de justicia federales solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo posponer hasta el 2027 la elección de los cargos de juezas de distrito y magistradas de circuito, porque de lo contrario violentaría la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación.
En la "contramañanera" del PJF, magistrados informaron que el 25 por ciento de los juzgadores federales son mujeres y los cargos de la mitad de ellas van a disputarse en la elección judicial del 2025, conforme al resultado de la "tómbola".
Los magistrados Adriana Ortega Ortiz, José Rogelio Alanís García y Juan José Olvera López hicieron este planteamiento, con motivo de la aprobación en el Senado de la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres.
"Me parece que si en este momento inicia una cruzada encaminada a la paridad, un acuerdo político entre los legisladores federales y la presidencia de la República, permitiría corregir este desaciertos, que se queden todas las mujeres juzgadoras hasta 2027 y de un solo golpe incrementan a un 35 por ciento, garantizan en un gran salto este objetivo extraordinario", dijo Olvera.
De los mil 674 titulares de juzgados y tribunales federales en el PJF, 474 son mujeres -287 juezas y 187 magistradas- y del total de sus plazas, 224 salieron insaculadas en la "tómbola", es decir, el 47 por ciento de los cargos de las mujeres deberán disputarse mediante el voto popular.
"La presidenta ha dicho, ha repetido muchas veces, que con ella llegamos todas. Pues yo les tengo una noticia esta mañana: las juzgadoras tenemos otros datos", dijo la magistrada Ortega, cuya plaza es una que estará en juego en el proceso electoral.
"Yo la verdad es que le veo a esta reforma problemas de género que en algún momento tienen que remediarse. Es decir, si la reforma retrocede, tendremos que pensar en cómo diseñamos políticas de género que mejoren esta sub representación, por ejemplo".
"Pero si la reforma continúa, es urgente que se tomen decisiones que no profundicen la desigualdad entre hombres y mujeres, que lleven a las mujeres a la meta que ha sido propuesta por la Presidencia, que es llegar a la igualdad sustantiva. Entonces esos son los datos con los que contamos. Repetimos, no llegamos todas, nos fuimos muchas".
Ortega cuestionó que la reforma judicial no haya tenido ninguna consideración con las mujeres juzgadoras que cuidan a sus padres, que tienen hijos con discapacidad o enfermedades terminales.
Dijo que, si bien el Senado señaló que eximió de la elección judicial a las mujeres embarazadas y lactantes, la magistrada apuntó que no se sabe dónde está esa lista de impartidoras de justicia.
"La pregunta es: ¿de verdad tenían que irse la mitad de las mujeres juzgadoras a su casa para encaminarnos a la paridad? A mí, salvo su mejor opinión, a mí no me parece", expresó la magistrada.
"Esas plazas pudieron conservarse, de hecho, si esas plazas no se hubieran sometido a concurso, por la mera decisión del Senado a este respecto, la representación de las mujeres en el Poder Judicial hubiera subido en un 10 por ciento por el número de plazas de los hombres que se fueron en la insaculación, o en la coloquialmente llamada tómbola, porque eso de insaculación suena muy extraño".
Otros problemas
La magistrada Adriana Ortega dijo que la reforma judicial tiene otros problemas de paridad de género porque, en su opinión, los Comités de Evaluación no cuentan con directrices en esta materia.
"La forma en la que se van a elegir los jueces y juezas no es precisamente una elección popular; la elección popular es el final del proceso de selección de jueces y juezas. Esto significa que hay un montón de pasos intermedios, uno de los cuales son los Comités de evaluación. Los comités de evaluación tienen la tarea de revisar si los candidatos son idóneos o no. ¿Con qué criterio van a funcionar esos comités de evaluación? ¿Se van a hacer cargo de estas diferencias de las que no se hizo cargo el Senado cuando hizo la tómbola? Yo me reservaría dudas", cuestionó.
Sobre los procesos de selección y los requisitos, puso en entredicho que los Comités de Evaluación se vayan a hacer cargo de las diferentes realidades de las mujeres y si estarán representadas mujeres indígenas, afroamericanas o pobres.
"¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan? Y voy a decirlo con un ejemplo específico ¿qué tanto creen ustedes que una mujer pobre en situación de marginación estudie una carrera de derecho y además obtenga 8 de promedio? Yo me reservo mis dudas", expresó.
"¿Qué tanto les parece que una mujer indígena en condición de marginación fácilmente va a obtener un 8 de promedio y va a tener 5 años de experiencia? Entonces, pareciera que los requisitos, incluso los requisitos que parecen mínimos, más razonables, desdibujan o desatienden la realidad de las mujeres. Entonces, quiere decir que hay problemas de género no solo al interior, no solo para las juzgadoras, sino para las mujeres que vengan de fuera".
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