La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que le permite al Infonavit adquirir suelo para la construcción vivienda, para rentarlas y posteriormente venderlas a los trabajadores.
Las modificaciones al artículo 123 de la Constitución establecen que los trabajadores podrán acceder a las viviendas propiedad del Infonavit mediante arrendamiento social por un monto que no podrá exceder el 30 por ciento de sus ingresos, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
El dictamen establecía un plazo de un año de cotización en el Fondo Nacional de Vivienda para poder acceder a la vivienda en arrendamiento social y de 10 años de alquiler de un mismo inmueble para tener derecho a adquirirla.
Sin embargo, en la discusión en lo particular, Morena modificó el proyecto a través de dos reservas. La primera para eliminar estos candidatos y establecer que la ley establecerá los términos y condiciones, y la segunda para señalar que el fondo también podrá adquirir suelo para la construcción de vivienda.
Aunque la Oposición votó a favor de la reforma, advirtió sobre el riesgo de que su ejecutor sea el Director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y subrayaron que esta quedó corta, al considerar únicamente para trabajadores del sector formal y no considerar parámetros para garantizar que las viviendas que se van a construir realmente sean adecuadas.
La reforma fue avalada con 469 votos a favor, cero en contra y una abstención del emecista Gustavo de Hoyos y turnada al Senado.
La panista Carmen Rocío González Alonso calificó como preocupante que el ejecutor de la reforma sea Octavio Romero Oropeza, a quien acusó de llevar a la quiebra a Pemex y lo describió como 90 por ciento lealtad a la llamada Cuarta Transformación y 10 por ciento capacidad.
"No es posible que se utilice el Fondo de Vivienda, que pertenece a los trabajadores, para que Infonavit, a través de este personaje por demás oscuro y corrupto, construya vivienda y eche a andar el sistema de vivienda para venta y arrendamiento. Le están entregando, fíjense, le están entregando a este personaje un negociazo", advirtió.
González Alonso dijo que los recursos para la construcción de vivienda deben salir del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de que, con los años, se convierta en un fondo revolvente con los pagos de los arrendamientos y de la venta de vivienda.
"En resumen, se van a robar el fondo de vivienda de los trabajadores para crearle esta empresita a este señor", sostuvo.
El priista Jericó Abramo Masso señaló que actualmente 6.1 millones de viviendas con crédito Infonavit se encuentran abandonadas, solas o vandalizadas, por lo que llamó a no cometer los mismos errores en la construcción de nuevas viviendas.
"¿Cuántos guetos no se crearon, lamentablemente, por hacer casas alejadas de la mancha urbana, destinando al trabajador a vivir muy lejos y a tener poca competitividad? Ya tuvo que abandonar su casa. No cometamos ese error", pidió.
El legislador llamó la atención sobre la necesidad de hacer un verdadero cuerpo jurídico, porque la reforma constitucional deja dudas respecto a cuánto dinero se va a destinar para la construcción de vivienda, qué tipo de vivienda será, quién la construirá y cómo se transparentará el uso de recursos públicos.
"¿Quién va a hacer las casas? ¿Empresas privadas? ¿Una agencia? Muy bien. Si esa agencia va a utilizar empleados del Estado, que se transparente qué dinero va a radicar, quién las va a construir, si serán empleados públicos, si se subcontratara empleados privados, para darle la mayor transparencia al ejercicio del gasto público", cuestionó.
La emecista Patricia Flores señaló que la reforma se quedó corta, porque considera el acceso a la vivienda únicamente para trabajadores de la economía formal y no considera reglas claras para el diseño de los complejos sociales que garanticen que no habrá hacinamiento, así como la posibilidad de alcanzar dimensiones de vivienda de clase media de 80 metros cuadrados, por lo menos.
"Se les olvida, otra vez, al segundo piso de la Cuarta Transformación que también requieren vivienda digna los que menos tienen, los más pobres, aquellos que no trabajan en la formalidad, aquellos que trabajan en el campo, en los mercados, los mecánicos, los plomeros, comerciantes, panaderos, manicuristas, trabajadoras del hogar, a quienes este Gobierno los está haciendo más pobres", afirmó.
La legisladora calificó como un riesgo darle al Infonavit la administración de dos áreas adicionales que requieren de experiencia y de infraestructura, como la construcción y el arrendamiento de vivienda y cuestionó cómo manejará la cartera vencida, cuando ésta ya se encuentra por encima del 18 por ciento y, según su anterior director, difícilmente se podrá rebajar a niveles de 10 o 12 por ciento en menos de 30 años.
La morenista Mónica Álvarez dijo que si bien la Constitución ya establece el derecho a la vivienda, estas modificaciones crean mecanismos concretos para fortalecer dichos derechos.
Detalló que de acuerdo con el Inegi, en el país existe un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo que representa el 23.3 por ciento del total, además de que 6 de cada 10 de las que existen requieren ampliaciones o mejoras, casi 25 por ciento de viviendas particulares tienen más de 31 años de antigüedad y más de 16 por ciento están en arrendamiento.
Lo anterior, dijo, revela la urgencia de las modificaciones constitucionales ante la necesidad de ofrecer vivienda y abrir esquemas alternos, como el arrendamiento social para que quienes no tienen oportunidad de comparar puedan hacerlo en el corto plazo.
"Este dato revela la urgencia de avalar esta reforma a través de la ampliación del acceso a créditos accesibles y suficientes", reiteró.
