La defensa de las empresas e inversiones en materia energética será cada vez más compleja en México.
Una vez que se avale la nueva reforma constitucional en materia energética, y la tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, los mecanismos de la defensa se reducirán, aseguró Julia González Romero, consejera de la firma Pérez-Llorca y González Calvillo.
Explicó que en caso de que una empresa o proyecto se vean directamente afectados con alguno de los cambios propuestos, como la prevalencia que se contempla para Pemex y CFE, ya no se podrá acudir a los amparos, debido a que la Ley de Amparo señala que no es posible hacer uso de ese recurso ante alguna disposición establecida en la Constitución.
"La Ley de Amparo dice claramente que en contra de las reformas constitucionales no procede el juicio de amparo; entonces a la pregunta de que si los particulares pueden ampararse si pasa la reforma, la respuesta de 'bote pronto' es no pueden.
"En el artículo 61 de la Ley menciona que no procederán amparos en contra de las reformas constitucionales", apuntó en entrevista la semana pasada.
La consejera destacó que si se quisiera impugnar la reforma se requerirá de una estrategia especial altamente compleja.
En cuanto a la empresas que tengan la oportunidad de acudir a un procedimiento inversionista-Estado, no pierden su derecho por esa reforma, sin embargo, se tiene que demostrar la vulneración a algún derecho.
Durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron dos reformas en materia energética, una a la Ley de la Industria Eléctrica y otra a nivel constitucional; sin embargo, fueron detenidas por el Poder Judicial.
Uno de los actores más importantes para la obtención de los amparos fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien acaba de presentar su renuncia con efecto a partir del 30 de octubre, por considerar que la reforma judicial es contraria a los principios de acceso a la justicia.
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