El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha utilizado al Poder Judicial de la entidad con fines políticos en contra de sus adversarios, a quienes les ha fincado cargos para amenazar o encarcelarlos, de acuerdo con diversas organizaciones sociales veracruzanas.
A lo largo de sus seis años de administración, que comenzaron el 1 de diciembre de 2018, el político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha acumulado una serie de expedientes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Aunque también se han presentado quejas ante el organismo nacional en la materia, estos no han prosperado por la afinidad política entre la Ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra, con García Jiménez.
Entre los casos de adversarios que han padecido la persecución del gobernante veracruzano está la jueza Angélica Sánchez, acusada de tráfico de influencias y delito contra la fe pública.
La juzgadora ordenó la liberación de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, quien fue señalado por la administración de García como un presunto líder criminal y de los principales generadores de violencia en el estado.
La resolución de Sánchez generó la animadversión del gobernador García, quien, por medio del Poder Judicial local consiguió la encarcelación de la juez.
Otro caso denunciado, que destacan las organizaciones es el de Rogelio Franco Castán, quien ocupara el cargo de secretario de Gobierno durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Franco Castán buscó la forma de ser candidato al gobierno de Veracruz, pero la administración que está por concluir lo acusó de diversos cargos.
De acuerdo con los antecedentes de este caso, el exfuncionario ya enfrentaba una denuncia por violencia familiar, sin embargo, policías ministeriales lo detuvieron y acusaron de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública.
Durante la administración de Cuitláhuac García, estos delitos se endurecieron para aumentar las penas, y ser utilizados en contra de sus adversarios políticos.
Además, una vez detenido Franco Castán también fue imputado por los delitos de peculado equiparado, extorsión, abuso de autoridad, contra la administración pública y sustracción de menores, por parte de la Fiscalía, con lo que se impidió su participación en el pasado proceso electoral.
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