Mientras el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ratificó la orden de levantar el paro de labores de casi dos meses, jueces especializados que controvirtieron decisiones de Gobierno de la pasada administración federal presentaron su renuncia al cargo.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ratificó por unanimidad que debe levantarse la suspensión de labores que inició el pasado 19 de agosto en todos los órganos jurisdiccionales del País en protesta contra la reforma judicial.
Con la ausencia de Lilia Mónica López Benítez, los seis consejeros del Pleno, incluida la Ministra Presidenta Norma Piña, mantuvieron su decisión de determinar que el viernes 11 de octubre debía finalizar el paro y reanudarse los plazos legales de todos los litigios.
Debido a que el pasado miércoles 16 de octubre permanecieron cerrados los órganos jurisdiccionales federales del País, el CJF señaló que no iniciará procedimientos administrativos de responsabilidad contra los trabajadores, aunque pidió a los juzgadores que a partir de ahora lleven un control de asistencia de su personal.
"Por lo tanto, en aras de prevenir que con tales formas de protesta se pudiese fincar responsabilidad de cualquier tipo en perjuicio de los trabajadores, se deberán reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del País, en los horarios de ley y en las mismas condiciones laborales que han prevalecido hasta ahora", dice la circular suscrita por Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario Ejecutivo del Pleno.
En su determinación, la Judicatura cuestiona a la base trabajadora por persistir con el cierre de las sedes judiciales, sin el respaldo de los Jueces y Magistrados federales, quienes votaron hace una semana por reanudar labores a partir de este miércoles.
Pese a lo anterior, el CJF adelantó que no iniciará procedimientos de responsabilidad administrativa contra los manifestantes, a quienes reconoce su derecho a la protesta.
Dos Jueces federales que se distinguieron por sus sentencias contra la 4T presentaron sus renuncias, al considerar inviable la continuidad de sus carreras bajo las reglas de la reforma judicial.
El Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro y el Juez Rodrigo de la Peza renunciaron.
Ambos fueron Jueces Especializados en Telecomunicaciones y Competencia Económica en los primeros años del sexenio pasado, cuando pusieron en evidencia la inconstitucionalidad de varias reformas intentadas por el Gobierno, entre ellas, las de la industria eléctrica, hidrocarburos para eliminar medidas asimétricas a Pemex, y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
Las suspensiones con efectos generales concedidas por ambos Jueces para detener estas reformas incluso, llevaron a Morena a prohibir que se dicten medidas de ese tipo; primero, con una reforma a la Ley de Amparo, y ahora en la Constitución, como parte de la reforma judicial.
En su carta de renuncia, luego de 22 años de carrera, Gómez Fierro explicó que considera que la reforma, que somete a elección popular todos los cargos judiciales del País, "es contraria a los valores de la República y a la división de Poderes".
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