El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este 17 de octubre si es válida o no la reducción de seis a dos años de la próxima Gubernatura de Oaxaca, y si esto impacta la postulación de una mujer en el cargo.
Además, debatirán si deben "sugerir" al Congreso local legislar la alternancia en el cargo, y si correspondería a una mujer gobernar en el 2028 y 2030.
Los ministros están divididos. Para un bloque, la sentencia del Tribunal Electoral de marzo del 2022 obliga a que quien encabece el Gobierno estatal de Oaxaca sea una mujer, por lo que reducir de seis a dos años el periodo atenta contra ese sector.
Sin embargo, otros respaldan el proyecto de la Ministra, Margarita Ríos Farjat, quien advierte que no existe ninguna decisión jurisdiccional que respalde la exigencia de que la entidad oaxaqueña observe una regla de alternancia de género en el próximo proceso.
Además de que todos los estados tienen derecho de reducir el periodo de sus gubernaturas para empatar la elección local con la federal.
El lunes pasado, ante la división y dudas del alcance de la sentencia del Tribunal Electoral de marzo del 2022, Ríos Fajart decidió retirar su proyecto, para discutirlo en la sesión de este próximo jueves.
El Partido Acción nacional (PAN) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la reforma a la Constitución de Oaxaca que establece que la elección de Gobernador, diputados locales y Ayuntamientos se celebrarán de manera concurrente con los comicios federales.
Para cumplir con esto, el Congreso local estableció en un artículo transitorio que la próxima gubernatura durará dos años, del 1 de diciembre del 2028 al 30 de noviembre del 2030. Sin embargo, el blanquiazul argumentó que esto atenta contra las mujeres, pues, consideró, la próxima gubernatura debe ser para una mujer.
En marzo del 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió una impugnación de la morenista Susana Harp, en la que buscó echar abajo la designación de Salomón Jara como candidato, argumentando paridad.
La sentencia ordenó a los partidos que para el proceso electoral a gubernaturas siguiente definieran reglas claras en las que precisaran cómo aplicarían la competitividad en la postulación de mujeres, lo cual se cumplió a medias en el 2023.
No se vinculó al Congreso de Oaxaca, pero en la resolución le advierte que debe cumplir "con su obligación de realizar las reformas necesarias para garantizar el principio de paridad sustantiva en los procesos electorales futuros".
Ríos Farjat argumenta que la instrucción fue para los partidos, y en términos generales, no para un estado en lo individual.
"Tampoco se estableció algún razonamiento que implique que la regla de alternancia pretendida por la aspirante sí debía adoptarse para el próximo proceso electoral; esto es, el que se celebrará en el año 2028", indica la Ministra en su proyecto.
En la discusión del lunes, el Ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que dicha reforma podría caer en lo que se conoce como "clasificación sospechosa", pues casualmente se pretende reducir a dos años la gubernatura cuando corresponde a una mujer, pues para él, la sentencia del Tribunal sí obliga a una alternancia en el 2028.
"Esta armonización, por más que pudiera obedecer a un buen fin, coincide desafortunadamente con lo que ya se ordenó. Curiosamente ésta coincide con decisiones que ya anticipan que el comportamiento de los partidos políticos en esta ocasión tendrá que ser la postulación de mujeres para que en la contienda de la gubernatura sea precisamente una mujer quien gobierne el estado", dijo.
Por ello, exigió a la Corte acciones que aseguren que la paridad se dará en las mismas circunstancias y periodos.
Ríos Farjat únicamente aceptó añadir a su proyecto un llamado al Congreso local para legislar la paridad, e insistió en que las mujeres podrían participar en el 2028 y 2030, pues establecer un periodo implicaría limitar su participación.
"Aunque la presente sentencia sea una determinación que convalida el decreto impugnado, este alto tribunal no deja de observar el posible impacto de los diseños normativos y tiene presente que el Congreso del Estado de Oaxaca mantiene una deuda con las ciudadanas oaxaqueñas, pues no ha dado cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-116/2020, en la que se le ordenó adoptar la legislación para garantizar el mandato de paridad de género en los procesos electorales relativos a la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo local", indica su nueva propuesta que planteará a sus pares.