La relación entre gobiernos estatales y el gobierno federal

UNA DE LAS MUCHAS VENTAJAS que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es, desde una óptica de la administración pública, la combinación de su formación científica y la experiencia como delegada en Tlalpan y como Jefa de Gobierno de la CDMX. Déjeme explicarle:

El hecho de tener una formación científica como la que muestran las cartas credenciales académicas de la presidenta, presupone la posibilidad de que su análisis de los problemas públicos tenga una cierta referencia al análisis de problemas para una investigación científica, es decir, tengan método y metodología para su revisión, entendimiento y proceso de solución.

ESO, EN ADMINISTRACIÓN pública puede considerarse como elementos que integran una perspectiva que considera temas y técnicas, y herramientas para resolver una situación pública.

AHORA BIEN, EN CUANTO A LA experiencia de gobierno, en una perspectiva muy ligera, hay que considerar que el haber sido Jefa Delegacional del Tlalpan equivale prácticamente a haber gobernado un municipio -de dimensiones geográficas y sociales considerables- con su grado de complejidad; luego, haber ocupado la jefatura de Gobierno implica haber conocido los mecanismos de un gobierno estatal y el mecanismo de vinculación de éste con el gobierno federal.

ENTONCES, ESA LÓGICA DE conocer los ámbitos de gobierno en el país permite considerar que la presidenta tendrá una relación cercana a las y los gobernadores del país, y entenderá muy bien la dinámica político-gubernamental en las entidades; ello, considerando que, como lo anunció en su mensaje político donde dio a conocer los puntos sobre los que descansará “el segundo piso de la Cuarta Transformación”, “seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los Estados de la República los fines de semana”.

SE ASUME ENTONCES QUE EN esas visitas de fines de semana a las entidades del país servirán para tocar las distintas aristas programáticas de los cientos mencionados por Sheinbaum y su respectiva aplicación local.

SIN EMBARGO, EXISTE UNO QUE puede que con el paso del tiempo llame poderosamente la atención, y es en relación con lo comentado por la presidenta en el punto número once: “Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir de 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. No al nepotismo.”

EL ESPASMO POLÍTICO QUE ESTO puede proyectar es de dimensiones incalculadas; es notorio que a lo largo y ancho del país, muchas familias han acaparado el espectro de la función pública, tanto a través de cargos de elección popular -a lo que se enfoca el mensaje de la presidenta- como por medio de puestos de orden administrativo que tienen una clara y amplia incidencia social o presupuestal.

EJEMPLOS HAY MUCHOS Y sobran: familias que controlan ayuntamientos, que se suceden políticamente en primer o segundo grado, en línea recta lateral, ascendente o descendente; congresos locales con diputadas y diputados hijos, hermanos, sobrinos, y otros ejemplos más.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA capacidad profesional de las personas y de que es válido que haya una especie de “crecimiento profesional por cercanía” (el médico influye en que sus hijos quieran ser médicos; lo mismo los abogados; igual los empresarios), un crecimiento que otorgue la libertad de dedicarse a cualquier actividad productiva y lícita, lo que puede estar en el centro de la discusión es la validez ética de la permisividad jurídica a estas situaciones.

LUEGO ENTONCES, SE ANTOJA interesante observar la evolución de la propuesta de prohibición de la sucesión familiar, toda vez que dependiendo del impulso legislativo que esto tenga -no será lo mismo dejarlo en el plano federal que aventarse una reforma constitucional-, con lo que implica de incidencia para estados y municipios. Incluso, se puede pensar que mal manejado el asunto políticamente, se pueden generar ciertos espacios de presión para que ello no suceda con la consideración de los tiempos político-electorales inmediatos, es decir, el 2027.

YA VEREMOS CÓMO EVOLUCIONA el tema, pero no deja de ser un tópico que pueda reconfigurar las relaciones de los gobiernos de las entidades federativas con el gobierno federal.