La Fiscalía General de la República está investigando la desaparición forzada de ocho personas, que se presume es responsabilidad de la Secretaría de Marina.
Se presume que elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en dos domicilios en Colima para privar de libertad a ocho personas. Posteriormente, seis de ellas fueron encontradas asesinadas a balazos, mientras que una mujer y un hombre lograron sobrevivir; sin embargo, la mujer fue víctima de agresión sexual. También se ha señalado la participación de policías estatales en estos incidentes.
En la Carpeta de Investigación FED/COL/0000708/2024 y en el juicio de amparo 1161/2024, se establece que los presuntos responsables de estos actos de violencia fueron elementos de la Secretaría de Marina, ya que hay fotografías y videos del momento en que ingresan a los dos domicilios para llevarse a las ocho personas.
Por esta razón, el Ministerio Público Federal de la FGR está integrando la Carpeta de Investigación para determinar la responsabilidad de los implicados por los delitos de desaparición forzada, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa contra el hombre y la mujer. Estos dos últimos fueron detenidos mientras se encontraban a bordo de un vehículo.
En los expedientes del caso se detalla que el 1 de octubre de 2024, se difundió en redes sociales (grupos de WhatsApp y Facebook) una movilización de diversas corporaciones policiacas en varias colonias de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, donde se reportaban lo que aparentaban ser cateos. Entre las corporaciones involucradas se destacan la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Secretaría de Marina. Estas fuerzas irrumpieron en dos domicilios: el primero, en la calle Jesús Villanueva Gutiérrez, número exterior 767, en la colonia Tabachines de Villa de Álvarez (frente a la Escuela de Talentos), donde se reportó la detención de Luis Gabriel “R”, Alexis Adrián “C”, Miguel Ángel “S” y un hombre cuya identidad se desconoce. El segundo domicilio estaba en la calle Higuera de Peters, número exterior 1678, en la colonia Palo Alto, también en Villa de Álvarez, donde fueron detenidos Víctor Ángel “M” y Tomás Eduardo “G”.
Asimismo, de forma gradual, se detuvo en la colonia El Yaqui, afuera de un conocido restaurante de chamorros, a Brenda Guadalupe “O” y José Rafael “C”. Al respecto, se consultó en diversas agencias del Ministerio Público del Estado de Colima, tanto federales como locales, donde de manera informal se indicó que no había ninguna persona detenida.
Por esta razón, el 1 de octubre se presentó un juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, debido a la posible desaparición e incomunicación de las seis personas detenidas.En respuesta a lo anterior, todas las Fiscalías negaron el acto reclamado, informando al Juzgado de Distrito que esas personas no se encontraban detenidas.
Ya en la noche del 1 de octubre, alrededor de las 22:00 horas, se informó en grupos de WhatsApp sobre un supuesto enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina contra civiles armados en la población de Puerta de Ánzar, Colima, reportando que en dicho enfrentamiento había civiles fallecidos.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó a través de redes sociales que el enfrentamiento ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Marina realizaban un recorrido como parte de un operativo conjunto con diversas corporaciones. Durante este operativo, fueron atacados por personas armadas, lo que resultó en la muerte de seis presuntos delincuentes.
En grupos de WhatsApp empezó a circular el rumor de que las personas fallecidas eran las mismas que previamente habían sido ilegalmente privadas de su libertad por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Marina. Los familiares de los desaparecidos acudieron, y se supo que dichas detenciones habían sido coordinadas por Esteban de Jesús Macías Martínez, Coordinador del Mando Mixto de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima.
Debido a lo anterior, varios familiares de las personas previamente detenidas y desaparecidas se dirigieron a la Fiscalía del Estado de Colima para averiguar si los fallecidos en el supuesto enfrentamiento entre las corporaciones de seguridad y civiles armados eran sus seres queridos que habían sido detenidos anteriormente por elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Marina. Al final, el reconocimiento de los cadáveres resultó positivo.
A raíz de este hecho, el 4 de octubre se notificó al Juzgado de Distrito donde se había radicado el juicio de amparo indirecto, informando que las personas denunciadas como desaparecidas habían sido identificadas por sus familiares como las que fueron abatidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima y de la Secretaría de Marina la noche del 1 de octubre.
Esto se hizo para que el Juzgado, a su vez, notificara a la Fiscalía del Estado de Colima y a la Fiscalía General de la República sobre la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas y otros delitos relacionados.
Asimismo, en días recientes comenzaron a aparecer en redes sociales (WhatsApp, Facebook y X) diversas publicaciones acompañadas de videos que mostraban la irrupción ilegal de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Marina en distintos domicilios. Estas publicaciones relacionaban los eventos ocurridos en las colonias Tabachines y Palo Alto de la Ciudad de Villa de Álvarez con lo sucedido en la población de Puerta de Ánzar, en Colima.
Respecto de Brenda Guadalupe “O” y José Rafael “C”, refieren que fueron reunidos en un lugar abierto con otras personas a las cuales también estaban torturando, incluso, refieren que algunos de ellos fueron asesinados a golpes, mientras que ellos fueron objeto de golpes y torturas por presuntos elementos de la Secretaría de Marina y Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima, siendo además abusada y violada sexualmente Brenda por parte de estos elementos de seguridad. Asimismo, acudieron ambos a la Fiscalía General de la República a denunciar estos hechos, donde ya se está llevando a cabo la investigación correspondiente.
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