Los usuarios y empresas pagan sus impuestos por importaciones a México, pero además los grupos delictivos coludidos con funcionarios de las Aduanas de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo armaron su propio catálogo de productos para extorsionar con tarifas que van de 100 a 2 mil dólares.
Grupo REFORMA tuvo acceso a listado de 215 productos que fue entregado por criminales a empresas importadoras y oficinas de agencias aduanales.
Por ejemplo, al introducir legalmente un tractor mediano, además de pagar el impuesto, el crimen obliga a erogar una cuota de 350 dólares; por una pick up, 120 dólares; por una motocicleta, 300 dólares; por un camión con ganado en jaula, mil dólares; lanchas con remolque, 550 dólares.
Maquiladores, transportistas, tramitadores y agentes aduanales reportaron que tres meses antes de que concluyera el sexenio anterior se desató el cobro de cuotas en las aduanas a niveles nunca antes vistos y sobre todos los integrantes del sector.
Este tipo de extorsión es diferente para quienes intentan ingresar mercancías o autos de manera ilegal o sin reportarlo al fisco. De todos modos deben pagar otro tipo de cuotas de mayor monto a los criminales.
A mediados de año, los extorsionadores empezaron a tocar la puerta de fábricas, empresas de transporte y agencias aduanales, para entregarles una hoja con un número de celular y una lista impresa de 15 productos sobre los que debían pagar cuota adicional a los aranceles y demás impuestos legales.
En un principio se trataba de maquinaria agrícola y vehículos nacionalizados, pero desde entonces, mes a mes, los delincuentes aumentaron el número de productos y hoy su lista de cobro de septiembre incluye 215 productos, según el documento facilitado por una de las víctimas.
"Con el paso de los meses fueron agregando a su lista el acero, la madera, la grasa, los lubricantes... ya parece la tarifa general de importación", dijo un empresario del ramo que ha sido extorsionado y que solicitó el anonimato.
La particularidad que ha llamado la atención de los empresarios es que estos grupos no cobran "renta" a los hidrocarburos importados de contrabando, el llamado "huachicol fiscal", un negocio de bandas criminales que se relacionan con el narcotráfico, sobre todo en la frontera de Tamaulipas.
Desde 2022 el control de las 50 aduanas del País quedó bajo responsabilidad de la Sedena y la Marina, aunque aún operan empleados civiles.
Y ahora, el modus operandi de estos grupos de extorsión usa las bases de datos de las aduanas, a las que tienen acceso los servidores públicos.
De allí obtienen la información detallada de los despachos de las mercancías que entran y salen del País, así como los nombres de los clientes y productos que maneja cada aduana y la agencia aduanal responsable del trámite, así como los nombres, domicilio fiscal y número de patente de los aduanales.
Con esta información, acuden a las maquiladoras, empresas de transporte y agencias aduanales, para entregarles el listado de productos con su tarifa y un número al que deben comunicarse.
Muchos han optado por no abrirles la puerta, pero los extorsionadores no desisten e incluso han buscado a sus víctimas en otros domicilios.
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