La crisis constitucional que enfrentamos

ES IMPOSIBLE PENSAR EN PAÍSES o democracias perfectas, en Estados de Derecho inquebrantables o que no tengan desigualdad entre su población, incluso estos problemas son lo que justo han puesto en jaque a la concepción del Estado Liberal que casi monopolizó el ideario colectivo de finales del siglo pasado y los principios de este.

LAS DEMOCRACIAS LIBERALES eran el fin que la gran mayoría de las naciones aspiraban a alcanzar, sin embargo, sus propias reglas y la incapacidad institucional de los gobiernos de resolver los problemas públicos, han propiciado el viraje a rumbos hacia estados con mayor grado de estatización, restricción de libertades e incluso concentración del poder con amplias posibilidades de desbordamiento contra el ciudadano.

MÉXICO ES UNO DE ESOS PAÍSES que hoy se encuentra ante el inminente viraje de la República que aspira ser; el sistema político se está reinventando ante una recomposición de las fuerzas electorales y todo ello ante un evidente clima de polarización, lo cual termina por nublar el juicio de la clase política.

COMO ES LO NORMAL EN TODA reinvención o redefinición del espacio público, México atraviesa por una arena tensa y conflictiva porque hay interés y visiones rivales, que sumado a las personalidades que desde hace algunos años tienen mayor presencia en la vida política del país, se ha generado que el clima de polarización se acrecentara hasta puntos insospechados en que los Poderes de la Unión o incluso con gobierno subnacionales se encuentre cerrada la puerta a cualquier intento de diálogo interinstitucional.

EL PROBLEMA NO SÓLO ES EL cambio de régimen que por sí mismo ya genera preocupaciones ante la necedad de no reconocer el pluralismo político nacional, pero preocupa más que estamos llegando a un punto sin retorno que implica la gran crisis constitucional de nuestro país, que se traduce en el resquebrajamiento total del Estado de Derecho.

HOY LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA constitucional en materia del Poder Judicial gira de forma alarmante al pasar de los temas de respeto a los Derechos Humanos, garantías de debido proceso o incluso capacidad y legitimidad institucional de los órganos jurisdiccionales; a estar enfrente a un vacío por la falta de respeto a la norma en razón de la “legitimidad política” de la que se viste una mayoría.

ESTAMOS EN UN PUNTO EN EL que el orden constitucional se encuentra agrietado, una batalla que dejó el espacio de lo legal y se convirtió en una lucha de egos y por qué no decirlo, de revanchismos personales, no hay una discusión de altura sobre instituciones, sino se limita a la descalificación de las personas, no hay un espacio a la reflexión, sino a las prisas de construir un régimen pese a las grandes fallas y contracciones que puedan tenerse.

VEMOS A UNA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación polarizada en su seno, con una intentona de reinventar su paradigma jurídico ante las inminentes violaciones constitucionales de una reforma que ni siquiera fue analizada con seriedad por el poder reformador del constituyente permanente.

HACE DOS AÑOS EN PLENA discusión sobre la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, el Ministro Pérez Dayán sepultaba el proyecto que proponía la inaplicación de la disposición constitucional con la frase: “no soy quien para desprender hojas de la Constitución”; y hoy el máximo órgano jurisdiccional abre un debate que puede llevar a revisar y en su caso considerar contrario al Estado Constitucional de Derecho, la reforma que rediseña al Poder Judicial.

HOY EL PODER EJECUTIVO Y Legislativo han decidió olvidar que existe un Poder Judicial, por su voluntad han dejado de respetar suspensiones en materia de amparo, cuando muchos se han beneficiado de esa figura, para la protección de sus Derechos fundamentales, el más reciente, Javier Corral, que evitó la detención policial por una suspensión de los órganos jurisdiccionales.

AMBAS VISIONES ESTÁN buscando imponerse a cualquier costo, ambas trincheras están propiciado una crisis constitucional que puede llevarnos a espacios inexplorados, por un lado, a que pronto se tengan dos órganos jurisdiccionales y se entre en una lucha por la legitimidad institucional que propicie un caos en la impartición de justicia; y por otro lado, se abre la puerta a la desobediencia de la Ley ante la falta de consecuencias, por una cuestión de “legitimidad social”.

¿QUÉ ESTADO DE DERECHO ESTÁ construyendo una clase política si la Ley solo se aplica a conveniencia de los interesados? Las decisiones del Ejecutivo y Legislativo tendrían su similar a pensar que el crimen organizado no debiera perseguirse, siempre y cuando los delincuentes sean queridos por el pueblo, es decir entre más amor por parte de la sociedad, se tiene el derecho a decidir qué normas aplico o no aplico, por lo que su visión destruye el instrumento que más propicia la igualdad entre la sociedad, es decir la ley.

POR OTRO LADO DOTAR A LA Suprema Corte de Justicia de la Nación de facultades no conferidas abre la puerta a que cualquier órgano asuma que pueda hacer lo mismo, por lo que el desbordamiento del poder sería una cuestión de minutos y que terminará por afectar a la ciudadanía, dado que no habrá forma de control del poder, ya que todas las autoridades asumirán que “pueden desprender hojas a la constitución”, sin miramientos y sin poderes revisores sólidos que impidan que el surrealismo mexicano rebase a la realidad.

ESTAMOS YA NO ANTE LA PUERTA de una crisis constitucional, sino en la antesala, esperando el cataclismo que se puede generar, pero es claro que el mensaje que se manda es de: el Estado de Derecho se encuentra quebrado, hay una visión que pretende olvidar que el pluralismo y la “legitimidad política” es la justificación que permite pisar todos los derechos.

LOS TRES MENSAJES SON MUY malos para los inversionistas y para la comunidad internacional, y su costo puede ser más caro del que el gobierno federal haya podido presupuestar, solo el tiempo nos dirá el saldo del caos que está generando la incapacidad de diálogo que debe caracterizar a una democracia.