La Suprema Corte de Justicia rechazó hoy un proyecto que establecía, por primera vez, que la educación superior que imparte el Estado debe ser absolutamente gratuita, salvo que las universidades públicas demuestren con pruebas que carecen de recursos.
El proyecto desechado por la Segunda Sala, de la Ministra Lenia Batres, proponía confirmar un amparo en favor de un alumno de Derecho de la FES Acatlán de la UNAM, quien impugnó el pago de una cuota para el diplomado que eligió para obtener su título.
El argumento era que, luego de la reforma educativa de 2019, el artículo tercero de la Constitución prevé la gratuidad de la educación superior, que antes sólo era obligatoria para la educación básica.
Sin embargo, los Ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Láynez votaron en contra, mientras que Yasmín Esquivel se declaró impedida, por el litigio que mantiene contra la UNAM por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.
Si bien no hubo comentarios públicos, fuentes de la Corte informaron que la mayoría considera que el cobro en este caso, impugnado por el alumno Abraham Cano Díaz, sí fue válido, porque se trataba de cursos adicionales a los de la licenciatura propiamente dicha.
Este es uno de los argumentos de la FES Acatlán y la Rectoría de la UNAM, que afirman que el diplomado es una forma de educación continua, hasta cierto punto equiparable a un posgrado, por lo que no calificaría como parte de la educación superior gratuita.
Las autoridades universitarias incluso alegan que el amparo debería ser desechado porque Cano Díaz fue quien eligió un método de titulación que implicaba un costo, cuando había otros disponibles que son gratuitos.
El Ministro Javier Láynez es quien deberá presentar un nuevo proyecto a la Sala, en el que seguramente propondrá negar el amparo.
"La educación superior que imparte el Estado mexicano, a través de las instituciones educativas correspondientes, está sometida al principio de gratuidad, por lo que, no es viable imponer condiciones de acceso, permanencia o conclusión, como lo son cuotas de recuperación, que puedan implicar algún tipo de diferencia de trato para la culminación de este nivel educativo", decía el proyecto rechazado.
Batres proponía generar una serie de requisitos que las universidades públicas tendrían que cumplir para aplicar cobros a los alumnos de nivel licenciatura.
Dichos requisitos eran: acreditar la falta de recursos; demostrar que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito; demostrar que se aplicó el máximo de los recursos, o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo era mayor.
La reforma de mayo de 2019 ordenó que, desde esa fecha, se debían asignar recursos suficientes en el presupuesto federal y los estatales para garantizar la educación superior gratuita, así como un fondo federal para su financiamiento de largo plazo.
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