San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, brindará asesoría jurídica a las personas privadas de la libertad de los centros de reinserción social del estado sobre los procesos legales que enfrentan y de los posibles beneficios de libertad anticipada.
El programa brinda el apoyo y asesoría necesarios a la población penitenciaria a través de la Coordinador de la Defensoría Pública del Estado, quien en coordinación con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, tiene como principal propósito implementar acciones entre ambas instituciones en beneficio de la población privada de la libertad y sus familias, acercando la atención jurídica a cada una de las personas qué así lo requieran, generando con ello certidumbre jurídica a la población penitenciaria y un mayor acercamiento por parte de otras instancias legales.
La titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Margot Montes Sandoval, sostuvo una reunión de trabajo con Edgar Valdez Zavala, Coordinador General de la Defensoría Pública del Estado y José Ramón Ramírez Muñiz, director de la Defensoría Pública Penal, donde se acordaron acciones conjuntas en beneficio de la población penitenciaria, como lo es el inicio de las brigadas jurídicas.
Las brigadas jurídicas tienen como objetivo brindar certidumbre jurídica a las personas privadas de la libertad, evitando con ello que sean posibles víctimas de extorsiones, ya sea a ellos o bien a sus familiares con supuestos procedimientos legales que puedan darles la libertad.
Con las asesorías, se brinda información a las personas privadas de la libertad que desconocen el estatus que guarda su situación penal o bien, al no mantener contacto con sus representantes legales particulares, por lo que se ofrece un contacto más cercano a la población penitenciaria a través de los servicios ofrecidos por la Defensoría Pública que son total y absolutamente gratuitos.
El trabajo interinstitucional beneficiará a las personas privadas de la libertad de los cinco centros de reinserción social que están internados por delitos no graves y se podrá contar con la libertad anticipada tras el análisis de cada caso.
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