Rusia negó este miércoles que las nuevas sanciones de la Unión Europea (UE), cuyo marco legal fue aprobado el martes por Bruselas, puedan repercutir en su política exterior o en el crecimiento de la economía nacional.
"No influirán en el compromiso de Rusia a la hora de defender sus intereses nacionales y un orden mundial justo (...) El rumbo está marcado, nuestro pueblo ya tomó una decisión", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.
Subrayó que la nueva partida sancionadora terminará como las anteriores, ya que no conseguirán "frustrar la tendencia al crecimiento de la economía rusa", sino que únicamente contribuirán a reforzar "la soberanía económica rusa" en el arena internacional.
"Es un nuevo régimen sancionador ilegítimo desde el punto de vista del derecho internacional. Está dirigido contra personas físicas y jurídicas que supuestamente son responsables de acciones desestabilizadoras en el exterior", aseguró.
Zajárova acusó a la UE de perder "hace mucho tiempo" la autonomía política y que únicamente se limita a seguir "a pies juntillas" los pasos de Washington.
"Los funcionarios europeos intentan responsabilizar a Rusia de todos los problemas que ellos mismos no han sido capaces de solventar", señaló.
El martes el Consejo de la Unión Europea aprobó un nuevo marco legal que permitirá sancionar a los responsables de acciones desestabilizadoras de Rusia en el extranjero, tales como interferencias en elecciones, sabotajes o desinformación.
"Este nuevo marco permitirá a la UE actuar contra personas y entidades que participen en acciones y políticas del Gobierno de Rusia que socaven los valores fundamentales de la Unión y sus Estados miembros, su seguridad, independencia e integridad, así como los de organizaciones internacionales y terceros países", indicó el Consejo en un comunicado.
La decisión, basada en una propuesta del alto representante comunitario para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, "forma parte de la respuesta de la UE a la continua campaña de actividades híbridas de Rusia, que se ha incrementado recientemente con nuevas operaciones en suelo europeo".
En virtud de este marco, las personas designadas serán objeto de una congelación de activos y se prohibirá a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
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