Grupo Elektra echó mano de una "chicanada" judicial.
Con el impedimento a dos Ministras y un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar su caso, la empresa consiguió impedir que este miércoles sea confirmada, en definitiva, una deuda fiscal de 33 mil 306 millones de pesos..
Abogados de la empresa pidieron declarar impedidas a las Ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como a Alberto Pérez Dayán, esta último, presidente de la Segunda Sala y autor del proyecto que desecha el último recurso contra contra ese litigio que inició en 2018.
El objetivo es que la Segunda Sala no pueda votar el asunto, ya que el quórum necesario es de cuatro de los cinco Ministros, es decir, los impedimentos tienen que ser resueltos por la Primera Sala, proceso que toma varias semanas.
La semana pasada, Elektra planteó un impedimento similar contra Esquivel y Batres en otro asunto fiscal por mil 431 millones de pesos, cuyo último recurso iba a ser desechado en la sesión del 2 de octubre, de acuerdo con el proyecto que presentó Esquivel.
Los dos impedimentos ya fueron turnados al Ministro Jorge Pardo, para que presente los proyectos respectivos a la Primera Sala.
En su sesión de hoy, la Segunda Sala también iba a discutir un proyecto que niega el amparo a Elektra contra una multa de 67 millones de pesos que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en junio de 2022, por declarar pérdidas fiscales inexistentes en el ejercicio de 2012.
Para este asunto, la empresa también promovió el impedimento de Batres y Esquivel, mismo que fue turnado ayer a Loretta Ortiz, integrante de la Primera Sala.
Elektra ha recurrido una y otra vez a la práctica de plantear impedimentos para retrasar sentencias desfavorables.
En 2020, la empresa de Ricardo Salinas Pliego planteó el impedimento de las Ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Piña para votar sobre un crédito fiscal de 2 mil 639 millones de pesos en la Primera Sala, y en ese caso sí tuvo la razón, pues la primera había sido jefa del SAT en 2019, mientras que la segunda había conocido del litigio cuando era magistrada de Circuito.
Hasta enero de 2022, la Segunda Sala finalmente confirmó esa deuda.
Elektra también ha planteado impedimentos y recusaciones contra buena parte de los magistrados que han llevado los amparos directos por sus deudas fiscales pendientes más cuantiosas.
Entre febrero y junio pasados, Elektra pidió el impedimento de magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado Administrativo, que a fin de cuentas confirmó la deuda de 33 mil 306 millones, por votación de dos contra uno.
Luego de este fallo, ya es cosa juzgada la legalidad de la actuación del SAT al fincar este crédito, que Elektra considera un doble cobro.
A la Corte sólo llegaron argumentos sobre supuesta inconstitucionalidad de leyes, que el proyecto de Pérez Dayán considera no deben estudiarse, porque no son novedosos ni ameritan intervención del máximo tribunal.
Por el paro de labores en el Poder Judicial, está pendiente resolver un impedimento contra los tres magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que revisan el amparo de Elektra contra otro crédito fiscal.
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