La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México ha sido históricamente complicada, especialmente en momentos de cambio político. En este contexto, la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se encuentra en el ojo del huracán. La frase “Si no eres parte de la solución, eres parte del problema” resuena con fuerza en este escenario, donde se cuestiona si su postura obstinada, frente a la recién finalizada administración de Andrés Manuel López Obrador está contribuyendo al estancamiento en la reforma judicial que el país necesita.
En los últimos meses, la ministra Piña ha mantenido una confrontación directa con el ejecutivo federal y el poder legislativo, lo que ha entorpecido la implementación de una reforma crucial desde la perspectiva de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum. Este enfrentamiento ha generado un clima de incertidumbre, al evocar fantasmas del pasado, como el “error de diciembre” de 1994, que sigue siendo un punto de referencia doloroso en la memoria colectiva del país.
La pregunta que surge es: ¿a qué intereses inconfesables podría servir la actitud de la ministra? Su comportamiento parece reflejar una falta de competencia política, asumiendo un rol que recuerda la célebre afirmación de Luis XIV, “L'État, c'est moi” (El Estado soy yo). En este contexto, la ministra parece confundir la independencia del Poder Judicial con una postura personalista: “La Corte soy yo”.
A medida que la SCJN avanza en su desempeño, los ministros que la acompañan deben considerar el desprestigio al que están llevando sus carreras y la reputación del poder que representan. En lugar de fortalecer el estado de derecho, tanto los ministros como la oposición y los oligarcas que los respaldan, con sus acciones, solo han alimentado un clima de desconfianza que podría tener repercusiones negativas significativas para nuestro país en el contexto internacional y para la oposición en los procesos electorales venideros.
Por parte de la mayoría en las cámaras, es vital que se eviten las decisiones apresuradas que podrían dar pie a una invalidación de reformas. Como mencionó la ministra Margarita Ríos Farjat en una de sus entrevistas cuando buscaba la postulación al cargo que hoy ostenta, la única vía para que la Corte revoque una reforma constitucional es a través de argumentos sólidos desde un enfoque de procedimiento legal. Por lo tanto, la nueva administración federal y la mayoría legislativa deberían buscar un diálogo más amplio para socializar la importancia de esta reforma.
El nuevo gobierno tiene seis años por delante, así como la oportunidad de trabajar con el Senado y la legislatura en San Lázaro. En diciembre, Luis María Aguilar concluirá su mandato como ministro de la Corte, lo que ofrece una oportunidad para que el ejecutivo proponga un reemplazo, si la reforma no se aprueba.
Sin embargo, al parecer la Cuarta Transformación ha fallado en establecer un diálogo efectivo con los empleados del Poder Judicial. Aunque muchos trabajadores han visto mejoras en sus condiciones laborales, existe una percepción generalizada de que no se ha acercado a dialogar con la base trabajadora del Poder Judicial, alimentando así la desconfianza entre estos.
La Dra. Sheinbaum ha declarado que “somos demócratas”, refiriéndose a su gobierno y a los miembros del “segundo piso” de la transformación. Es crucial que la 4T se acerque a aquellos que se sienten desatendidos y amenazados por esta reforma, en medio de una ola de desinformación que emana de las élites que temen perder el control sobre el Poder Judicial.
Para evitar una crisis constitucional y política, es fundamental que ambos bandos busquen un camino de diálogo y negociación en lugar de una confrontación abierta y mediática. La situación actual de la SCJN, marcada por una creciente falta de legitimidad, pone de manifiesto que la reforma ya no es solo un tema constitucional, sino un asunto profundamente politizado.
En un contexto global donde los sistemas de justicia están evolucionando, es fundamental que las élites comprendan la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Según el CIDE, más del 60% de los ciudadanos mexicanos desconfía del Poder Judicial, y un informe del INEGI indica que la percepción de corrupción en este ámbito alcanzó el 40% en 2022. Estas cifras reflejan un clamor por un sistema judicial que responda a las necesidades de la mayoría.
El reto al que se enfrenta la SCJN y la reforma judicial en México requiere una reflexión profunda y un enfoque colaborativo. La desconfianza hacia las instituciones es un síntoma alarmante que demanda atención inmediata. La reforma debe abordarse como una oportunidad para restaurar la credibilidad en el sistema judicial y en el estado de derecho. Solo a través de un diálogo constructivo y un compromiso genuino de todos los actores involucrados se podrá construir un futuro donde la justicia sea accesible y efectiva para todos los ciudadanos. En última instancia, la capacidad de México para avanzar y resolver sus problemas más urgentes dependerá de la voluntad de sus líderes para trabajar juntos, en lugar de perpetuar la división y el conflicto.
“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.”
Francisco de Quevedo
