Ante la oferta de una transición hacia energías limpias que planteó en su toma de posesión la Presidenta Claudia Sheinbaum, el sector privado expuso proyectos de inversión que en esa materia suspendió la Administración federal que recién concluyó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que urge definirles reglas claras y darles certidumbre jurídica.
"Algunos ejemplos son los proyectos P15-NO1 y I20SIN1 que evacuarían la energía de Sonora hacía El Bajío; los proyectos P19OC2, P19OC3 y I19CEI, que aliviarían en cierta medida la saturación en Guanajuato y Querétaro, y los proyectos P18-NE2, I16-NE3 en Nuevo León y Coahuila, que disminuirían las restricciones de acceso a energía", dijo José Buganza, director de la consultora Enegence.
"Más aún cuando el resultado de dichas inversiones se logra en el mediano plazo, y es hoy cuando deberá ya existir la infraestructura en generación, transmisión y transformación para lograr nuevamente que los ojos de las empresas se fijen en México como destino de inversión y con ello que se generen empleos con salarios dignos, permitiendo el bienestar que tanto se anhela".
Existían una gran cantidad de proyectos de ampliación y reforzamiento, dijo, pero la realidad es que prácticamente todos se encuentran con un avance nulo.
César Cadena Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León, indicó que aun falta definir la participación del sector privado en esos proyectos.
"La iniciativa privada necesita tres cosas para invertir: que sea un plan viable y económicamente atractivo; que haya certeza jurídica y que existan los elementos técnicos en la CFE para conectar esa energía al sistema".
Agregó que si el objetivo es que la inversión privada participe en proyectos de inversión energéticos, la Administración de Sheinbaum deberá definir cuáles serán las facilidades que les daría.
Buganza advirtió que para que fluya la inversión en estos proyectos también es primordial resolver los problemas de transmisión que limitan la capacidad de conexión de Centros de Carga, lo que finalmente impacta en que no lleguen empresas a México por no poder conectarse.
Con la reciente reforma al Poder Judicial y la evidente extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como organismo autónomo e independiente, anticipó, es aun más urgente definir reglas claras y dar certeza jurídica sobre la forma en que operará la industria eléctrica que en un 63 por ciento depende de fuentes fósiles y de las renovables un 15 por ciento son hidroeléctricas, las cuáles en muchos países son excluidas como energía limpia.
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