El Ejecutivo Federal publicó hoy las dos últimas reformas constitucionales del sexenio, la primera para concretar la militarización de la Guardia Nacional (GN) y las tareas de seguridad pública, y la segunda, para ampliar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Ambos decretos entrarán en vigor mañana, día del relevo Presidencial, y con ello, empezará a correr el plazo de 180 días que ambos prevén para que el Congreso de la Unión, y en su caso las legislaturas estatales, expidan las reformas o leyes secundarias necesarias.
Lo anterior abonará a la carga que ya enfrenta el Congreso por las leyes secundarias para la reforma judicial, que debe expedir a más tardar el 16 de diciembre, así como la que podrían generar otros cambios Constitucionales promovidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se discuten en comisiones.
La reforma a la GN oficializa el traspaso de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en sentido contrario al plan de su creación en 2019, por el cual fue adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) para operar como una policía civil.
Pero la reforma va mucho más allá, pues modifica el artículo 89 de la Constitución, por lo que desde mañana, la nueva Presidenta Claudia Sheinbaum podrá disponer de manera permanente del Ejército y la Marina para labores de seguridad pública.
La reforma de 2019 preveía esta participación como temporal, hasta 2028, mientras se consolidaba la GN. El artículo 89 no fija límites o requisitos para la intervención directa de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, que se dejan a leyes secundarias.
Además, se reformó por primera vez desde 1917 el artículo 129 de la Constitución, para que ahora los militares puedan involucrarse en tiempo de paz en cualquier actividad que el Congreso les asigne en ley, y no solo en las que tienen estricta conexión con la disciplina castrense.
Con la publicación, inicia también el proceso para "depurar" a la GN de los elementos de la extinta Policía Federal, que deberán ser transferidos a la SSPC, así como de marinos, que serán reclasificados como miembros del Ejército.
La reforma de derechos indígenas, por su parte, expande y profundiza los que ya se habían incluido en los cambios de 2001 al artículo 2 de la Constitución.
La nueva versión reconoce 16 derechos específicos a estas comunidades, impone quince obligaciones a los tres niveles de gobierno para generar políticas públicas concretas, y dedica un apartado a reconocer el derecho de las mujeres, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos a una vida libre de violencia.
Algunos derechos, como la consulta a pueblos indígena sobre proyectos, obras y legislación que puedan afectarles, ya estaban en la Constitución desde hace 23 años, pero nunca fueron reglamentados, por lo que el Poder Judicial Federal es el que ha ido aplicándolos y definiendo sus alcances, mediante sentencias en casos concretos.
nacionales
