El Presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su sexenio decretando hoy tres expropiaciones más para obras del Tren Maya, para el cual ha sido necesario transferir 22 mil 804 hectáreas de inmuebles ejidales y privados a propiedad del Estado, con un costo de más de cinco mil millones de pesos.
Un recuento de Reforma indica que, a partir de febrero de 2023 y hasta hoy, el Ejecutivo emitió al menos 186 decretos de expropiación en los cinco estados por lo que atraviesa la ruta del Tren Maya, aunque la mayoría se concentraron en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De estos decretos, 180 fueron para expropiar tierras ejidales, por los cuales se están pagando 4 mil 953 millones de pesos en indemnizaciones.
Los otros seis decretos fueron para expropiar 488 inmuebles privados, casos en los que no se menciona el monto de los pagos a los afectados, en contraste con los ejidatarios, con quienes existieron negociaciones previas y ocupaciones de tierras para las obras, mucho antes de que López Obrador firmara los documentos.
El gasto por indemnizaciones terminará representando alrededor de uno por ciento del costo total del tren, que se estima en 500 mil millones de pesos, aunque el monto oficial está clasificado como información reservada hasta agosto de 2027.
Casi todas las expropiaciones fueron en favor de Fonatur Tren Maya, responsable original del proyecto que está en proceso de entregar por completo a la paraestatal militar Tren Maya S.A..
Sin embargo, la expropiación más importante, por mucho, fue la decretada en favor de la Sedena y la Semarnat en junio de 2023, para 15 mil 47 hectáreas de un ejido en Calakmul, Campeche.
De esa superficie, 5 mil 749 hectáreas fueron destinadas a la Sedena para la construcción de obras complementarias, relacionadas con las actividades castrenses en general, sin que se hubiera especificado cuáles, mientras que el resto fueron para conservación y mantenimiento de la Reserva de la Biósfera de Calakmul.
Una de las expropiaciones decretadas hoy, para 103.2 hectáreas en Puerto Morelos, Quintana Roo, quedará como una de las más costosas, pues se tienen que pagar 511.6 millones de pesos a un grupo de apenas 22 ejidatarios y posesionarios.
Un solo ejidatario, dueño de 21 hectáreas, estaría cobrando más de 100 millones de pesos.
En los primeros años del sexenio, el Gobierno no tuvo que decretar expropiaciones para el tren, pues los tramos Uno a Cuatro aprovecharon derechos de vía que ya existían.
Las cosas se complicaron por los cambios de trazo, sobre todo el del Tramo Cinco en Quintana Roo, así como un libramiento en la ciudad de Campeche, a lo que se sumó la decisión de desarrollar seis hoteles cerca de zonas arqueológicas.
Otras expropiaciones relevantes de AMLO
2019
2 mil 230 hectáreas para la presa Las Animas en Tamaulipas
2020
2 mil 881 hectáreas para obras de la hidroeléctrica El Cajón en Nayarit
2023
2 mil 438 hectáreas para la presa Santa María en Sinaloa
915 hectáreas en Oaxaca para el Corredor Interoceánico
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