Eluden aborto el Congreso y hospitales de Jalisco

Las instituciones de salud pública en Jalisco y el Congreso local continúan eludiendo su responsabilidad de garantizar el acceso a abortos seguros para menores víctimas de violación, obligando a muchas de ellas a ser madres a pesar de la violencia que sufrieron.

A la par, cientos de mujeres en la entidad han tenido que viajar a la Ciudad de México para interrumpir legalmente su embarazo, un derecho que, por ley, debería estar disponible en su propio Estado.

Este es el caso de María, una joven de 16 años que quedó embarazada en 2021 tras ser abusada sexualmente. Cuando acudió al Hospital Civil de Guadalajara para solicitar un aborto -al que tenía derecho por la Norma Oficial Mexicana 046-, se lo negaron, empujándola a un calvario legal que culminó con un juicio de amparo. En mayo de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la menor, ordenando tanto al Hospital como a la Secretaría de Salud de Jalisco reparar el daño que le causaron por negarle la atención.

María no es un caso aislado. Según datos de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), en Jalisco se registraron 380 casos de menores de 14 años que se convirtieron en madres tan solo el año pasado. Y de enero al 21 de septiembre de 2024, ya sumaban 266 niñas obligadas a parir, muchas de ellas como consecuencia de abusos sexuales. En lugar de recibir atención integral, estas menores ven vulnerados sus derechos.

Mientras el acceso al aborto sigue siendo limitado en la entidad, 742 jaliscienses han tenido que viajar a la Ciudad de México desde 2021 para practicarse una interrupción legal del embarazo, exponiéndose a costos adicionales, desgaste emocional y desplazamientos que podrían evitarse si las instituciones de salud en Jalisco garantizaran este servicio.

El marco legal local sigue poniendo trabas. Aunque la SCJN ya declaró inconstitucionales los artículos 228 y 229 del Código Penal del Estado de Jalisco -que castigan con penas de cuatro meses a un año de prisión a quien interrumpa voluntariamente su embarazo-, el Congreso local se resiste a acatar el fallo y a despenalizar el aborto. El plazo para modificar la legislación vence el 31 de octubre de este año, y de no hacerlo, el Legislativo incurriría en desacato.

A pesar de la sentencia a favor de María, la implementación de la Norma 046 sigue siendo irregular. La norma establece que las mujeres víctimas de violación tienen derecho a un aborto seguro en cualquier hospital público, pero la realidad dista mucho de lo estipulado.

MURAL buscó la postura de la Secretaría de Salud y del Hospital Civil de Guadalajara respecto a la reparación del daño a María. Solo el Hospital Civil respondió, asegurando que ya se encuentra trabajando en la implementación de medidas para cumplir con el mandato de la Corte.

"Hemos realizado gestiones internas para precisar las acciones que contemplará esta reparación integral instruida por la Suprema Corte", afirmó Mario Humberto González, coordinador jurídico del Hospital Civil.

"Además, estamos programando capacitaciones para el personal de salud con el fin de asegurar la correcta aplicación de la Norma 046".