La reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios, avanzó en comisiones del Senado de la República por unanimidad.
En la comisión de Puntos Constitucionales fue aprobada por 14 votos en favor, mientras que en la de Estudios Legislativos prosperó con 18. La reforma será discutida por el pleno en la sesión de mañana.
La senadora morenista Malú Micher advirtió que en las leyes secundarias debe reforzarse la prohibición del matrimonio infantil.
"En las leyes secundarias, así lo legislamos ya en años pasados y lo hemos tipificado como un delito, lo tenemos que revisar. Simplemente quiero presentar una realidad que me ha preocupado mucho, y por eso tengo la esperanza de que se ratifique esto en las leyes secundarias", planteó.
"Es un tema que nos preocupa a todos. Lo quiero dejar sentado para que quede muy clara mi preocupación y la de muchos legisladores de cómo vamos a entrar y profundizar en que no se mantengan estos usos y estas costumbres y que vulneran la dignidad, la seguridad y la vida de mujeres y de niñas en nuestro país".
La guerrerense Beatriz Mojica pidió la palabra para advertir que no se trata de cuestiones que atañan a usos y costumbres, "sino que son delitos que se tienen que castigar".
Los senadores de oposición coincidieron en reclamar el presupuesto necesario para llevar a buen puerto la reforma propuesta por el Presidente López Obrador en su "paquete C" y que señala que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas.
Establece, además, que los pueblos y comunidades indígenas deberán ser consultados sobre las medidas legislativas y administrativas cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos a su vida o entorno y plantea que cuando una persona física o moral obtenga un lucro de medidas objeto de una consulta, deberá otorgar un beneficio justo y equitativo.
Por el PAN, el senador Ricardo Anaya consideró que si se pretende cambiar la realidad indígena "nos tenemos que hacer cargo no sólo de la implementación, sino del establecimiento de acciones afirmativas. Lo que estoy planteando es que a nivel de legislación secundaria lo podamos discutir con rigor, para sacar acciones que estén bien pensadas y bien planeadas".
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, afirmó que se debía "plantear que la aplicación constitucional de la reforma pueda realmente impactar y acompañarse de la mano para que pueda tener una implementación exitosa, porque el incluir algo en el texto constitucional es el primer paso, pero su implementación exitosa es la gran tarea que tenemos pendiente".
La priista Cyintia López Castro formuló un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que "verdaderamente se garantice el derecho a la educación para la población indígena que hoy sigue estando rezagada y discriminada".
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