Grupo Elektra pidió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sus litigios por más de 34 mil millones de pesos contra el SAT, debido a que la reforma judicial ya no prevé la operación de las Salas del máximo tribunal.
Abogados de Elektra solicitaron a la Segunda Sala de la Corte enviar al Pleno el primero de los dos recursos de revisión de la empresa, que están agendados para el 2 y 9 de octubre, con proyectos que confirman en definitiva que tiene que pagar deudas que el SAT estima en más de 34 mil millones de pesos.
"Infórmese a la promovente que corresponderá a la Ministra ponente en este asunto, o a la Sala actuando como órgano colegiado, decidir lo que conforme a derecho proceda", respondió el 20 de septiembre a Elektra el Presidente de la Sala, Alberto Pérez Dayán.
La Ministra en cuestión es Yasmín Esquivel, quien propuso a la Sala desechar el último recurso de Elektra contra un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, caso en lista para el 2 de octubre.
La reforma Constitucional publicada el 15 de septiembre no aclara si la eliminación de las Salas es inmediata, o si debe aguardar a septiembre de 2025, cuando iniciará funciones la nueva integración de la Corte con solo nueve Ministros y Ministras, en vez de once.
El martes pasado, por ocho votos contra tres, el Pleno de la Corte acordó en sesión privada que las Salas seguirán funcionando, pero no ha emitido hasta ahora algún acuerdo formal o pronunciamiento público sobre el tema.
Lo más probable es que la petición de Elektra no será aceptada, pues cuatro de los cinco integrantes de la Segunda Sala consideran que la operación exclusiva del Pleno no es inmediata.
Además, los proyectos de Esquivel, y de Pérez Dayán para una deuda fiscal de 33 mil 306 millones de pesos, desechan los recursos de Elektra, es decir, consideran que no hay temas de Constitucionalidad que ameriten algún pronunciamiento de la Corte.
Esto implica que los recursos no tiene relevancia jurídica para que sean enviados al Pleno, que ya casi nunca resuelve amparos, pues dedica la mayor parte de su tiempo a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Para prolongar los asuntos, que se litigan desde finales del sexenio pasado, Elektra podría promover el impedimento de uno o varios Ministros o Ministras, táctica que ya ha utilizado tanto en la Corte como en tribunales colegiados, aunque eso solo le ganaría algunas semanas.
La reforma Constitucional también incluye una orden a los tribunales administrativos y judiciales para resolver en máximo seis meses los casos fiscales, bajo amenaza de sanciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) si exceden dicho plazo, pero está pendiente legislar la cuantía de los asuntos que estarán sometidos a esta regla.
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