La Comisión Europea advirtió este jueves a la multinacional tecnológica estadounidense Apple que debe compartir los sistemas operativos iOS y iPadOS con desarrolladores y empresas de terceros.
En septiembre del año pasado, en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, el organismo clasificó a Apple como un "guardián de acceso", lo que significa que es una compañía con un fuerte impacto económico en el mercado interno de muchos países de la UE, actúa como intermediario entre los usuarios y un gran número de otros servicios, y tiene una posición consolidada y estable en el mercado.
Ahora, la Comisión Europea ha abierto dos procedimientos formales para "asistir" a la empresa a cumplir con las "obligaciones de interoperabilidad" estipuladas en la DMA.
De esta manera, el organismo europeo dispone de seis meses para concluir ambos procedimientos y comunicarle a la empresa durante ese período qué medidas debe tomar para cumplir con la legislación.
"Estamos centrados en garantizar mercados digitales justos y abiertos. La interoperabilidad efectiva, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes y sus sistemas operativos, desempeña un papel importante en esto. Este proceso proporcionará claridad para los desarrolladores, terceros y Apple", dijo Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva encargada de la política de competencia de la Comisión Europea.
Posibles sanciones por el incumplimiento
De acuerdo con la DMA, ante la falta de cumplimiento de lo estipulado en la ley, una empresa podría enfrentar multas de hasta el 10 % de su volumen de negocios total anual mundial, o de hasta el 20 % en caso de infracciones reiteradas, así como multas coercitivas periódicas de hasta el 5 % del volumen de negocios medio diario, o medidas correctoras adicionales en caso de incumplimiento sistemático.
A principios de este año, Apple anunció cambios en iOS, Safari y App Store en la Unión Europea para cumplir con la DMA. Phil Schiller, ejecutivo de Apple, dijo que las regulaciones de esta ley supondrían el "inevitable aumento de amenazas a la privacidad y seguridad de los usuarios en la UE".
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