México buscará impugnar el fallo a favor de la minera Odyssey Marine Exploration, el cual le ordena pagar 37.1 millones de dólares de indemnización por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur.
El Gobierno, a través de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente, buscara anular el fallo emitido el pasado 17 de septiembre por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de dos años de querellas.
"En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible donde habitan la tortuga caguama, ballenas azules y grises, así como y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
"Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo", afirmó la Secretaría de Economía (SE).
De acuerdo con los argumentos presentados por dos ex funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), citados por la empresa como testigos, la decisión del Gobierno mexicano fue por cuestiones políticas, más que argumentos científicos, acotó la SE.
"Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal", según el comunicado enviado esta noche.
Debido a que la decisión del CIADI no fue unánime e incluso se expresó que los motivos de México eran razonables y preocupantes por el impacto ambiental, se buscará la anulación del fallo.
La Secretaría detalló que la obra buscaba extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales por un periodo de 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte, por lo que se requería un dragado marino sobre el Golfo de Ulloa.
Entre los socios del proyecto, según la dependencia, se encontraban el político Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México.
"Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto 'Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego', por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)", recordó la dependencia.
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