A los pies del santuario San Juan Pablo ll, ubicado a la afueras de esta capital, Feliciano, un indígena tzeltal que vive en el corazón de la Selva Lacandona, sostiene una manta en la que exige el retorno seguro para quienes han huido de sus comunidades por la violencia.
Él es uno de los casi 3 mil católicos de las Diócesis de San Cristóbal de la Casas, Tapachula y Arquidiócesis de Tuxtla que bajo el sol caminaron 2 horas y media en esta magna peregrinación por La Paz, la cual llegó hasta la Catedral de San Marcos, en la plaza central.
Con consignas: "Retorno seguro para desplazados forzadamente", "Alto a los proyectos de muerte", "No a la destrucción de la madre tierra", "Justicia", "No a la guerra", "no a los narco políticos", y entonando en voz alta el nombre de Samuel Ruiz, el legendario obispo cercano a los pueblos indígenas.
Feliciano vive muy cerca de la Laguna Miramar, un embalse color turquesa mundialmente emblemático; a través de colectivos católicos se organizan, a fin de resistir para evitar que el narco penetre.
Aún así, cuenta que el consumo y comercio de drogas ha avanzado, a tal grado que habitantes de comunidades San Gregorio y Salvador Allende han tenido que huir ante la presencia de sicarios.
De alguna manera este hombre que viajó 12 horas para venir hasta aquí relaciona la violencia de los cárteles en Chiapas con la violencia "a la madre tierra".
Dice que una empresa refresquera busca extraer el agua del manantial, La Unión, sin embargo, los pobladores que son víctimas de la presencia del crimen se resistieron y corrieron a los "ingenieros".
"Sabemos que donde está el desplazamiento forzado por los criminales, hay minas", añadió.
"Necesitamos la paz, pero la paz sin justicia no se logra, primero buscamos la justicia y la iglesia tiene una fuerza de fe. Y también en la defensa de la madre tierra".
En este año, cuenta, él y otros pobladores de la Selva se mantienen alerta ante el anuncio que recientemente les hicieron unos "hombres extraños" sobre echar a andar la carretera San Cristóbal-Palenque (proyecto estrella del Gobernador electo morenista, Eduardo Ramírez Aguilar).
"No nos beneficia, a la gente las desplaza de sus casas y quitan tierras, tenemos que resistir", advirtió.
Para Gilberto Hernández García, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla, dijo que está la violencia del crimen organizado y el ataque al territorio de los pueblos originarios.
"Es una violencia estructural de muchos años. Uno de los focos rojos, desde hace mucho tiempo, es un pueblo en resistencia, donde están las minas, el crimen organizado ha visto como una posibilidad de ampliar sus estrategias en estos lugares", contó.
De acuerdo a una estimación del sacerdote, recientemente, 4 mil 320 personas se han desplazado forzadamente de la región Sierra y Frailesca de Chiapas ante la disputa del crimen organizado, por lo que se han refugiado en los albergues católicos de Tuxtla, Tapachula y Guatemala.
"Ante el desplazamiento forzado por la violencia criminal, lo que mantiene es la fe de poder regresar a sus hogares, por eso nosotros en esta peregrinación vamos a entregar un documento a las autoridades salientes y las que vienen para que las personas puedan regresar a sus comunidades", señaló.
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