La reforma que profundiza la crisis

Hablar del diseño institucional de una República parte del principio de división de poderes, en el que cada uno de los entes públicos en su ámbito de actuación, contribuye a la revisión del papel de los órganos del Estado; para ello se requiere diálogo interinstitucional, búsqueda de acuerdos, consensos y por supuesto respeto entre los actores que integran el espacio político.

En una República se vale disentir, porque en la pluralidad se encuentra la riqueza de una democracia; en la República se vale defender ideas y creencias, pero no se debe imponer la cerrazón o caer en prácticas autocráticas para hacer prevalecer puntos de vista.

La República es quizás un diseño romántico de lo que debe ser el espacio público; es partir del principio de la libertad de los individuos y su respeto irrestricto, es el diseño del bien público temporal de una forma colaborativa que destierra todo vestigio de aquella forma de entender el poder que partía del principio de: “El Estado soy yo”.

Hoy México vive de forma evidente una profunda crisis democrática y del entendimiento de la República, no es una crisis novedosa o que tenga su origen hace seis años, es una crisis que se agudiza, pero tiene un origen multifactorialy que, sin duda alguna, genera múltiples consecuencias que lesionan al país.

La desigualdad económica es un gran problema para la República, la pobreza no solo limita económicamente a los individuos, sino que impide el ejercicio de derechos fundamentales de las personas y, por ende, la posibilidad de la exigencia de derechos del espacio público, limitando el papel del ciudadano.

La corrupción como fenómeno que carcome a las instituciones públicas, limitando su legitimidad y afectando al individuo, dado que la corrupción implica romper el principio de igualdad ante la ley y de objetividad del servicio público; lo que propicia desigualdad y desbordamiento del poder público en detrimento de los derechos de los ciudadanos.

La falta de la cultura de la legalidad que implica que los ciudadanos y los entes públicos no se sujeten a los principios rectores de la Ley, por lo que se propicia una constante violación a la norma, abriendo brechas que profundizan la desigualdad y la corrupción.

El resquebrajamiento del tejido social propiciado en gran medida por la polarización, la desigualdad, la falta de oportunidades y los discursos de odio que solo benefician a ciertos grupos y que impiden el entender que somos una nación dinámica que debe garantizar el entendimiento de la democracia, tal como lo plasma la constitución, es decir el mejoramiento constante de la calidad de vida de las personas.

La polarización que busca la división permanente entre grupos sociales y que se alimenta de sentimientos adversos que impide la construcción de acuerdos o la interlocución que articule de forma sistémica el fin mismo del Estado; es decir que los problemas en el espacio público son una corresponsabilidad entre Gobierno, sociedad y esta de forma articulada, pese a la pluri composición que la caracteriza.

Es con estos y otros elementos que vemos una crisis del Estado mexicano, y que propician un crecimiento sostenido de individuos que estarían dispuestos a sacrificar su democracia para la solución de sus problemas más elementales: pobreza, desempleo, seguridad y falta de servicios públicos; es aquí donde justamente perdemos la brújula de la defensa de la democracia y sus instituciones.

Estamos ante lo que evidentemente todoindica será la caída de un Poder Judicial Federal que se caracterizó en las últimas décadas de avanzar por el rumbo de la profesionalización, de asumir su lugar en la balanza de la división de poderes y de entender la progresividad de los Derechos pese al retraso de los Poderes Ejecutivo y Legislativos por garantizar el Estado constitucional de Derecho.

El sistema de justicia requiere una reforma urgente, exige una revisión integral, pero para ello hace falta un diagnóstico serio que nos arroje las principales fallas de las instituciones que lo conforman; se requiere dejar de lado las filias y fobias personales y tomar decisiones que demandan seriedad de los actores políticos.
Una reforma judicial del calado de la que se pretende alcanzar que excluye el diálogo entre las fuerzas políticas y que agudiza la polarización entre poderes, no tiene muchas expectativas de llevarnos a buen puerto; un cambio trascendental que cambia la estructura de la república que se plantea desde la necedad y en medio de una transición deslegitima sus resultados.

Hay muchas voces en torno a la reforma judicial, internas y externas, de diferentes edades y diversos sectores; la popularidad no es un cheque en blanco para imponer si aprender a escuchar; la soberbia en el triunfo puede ser los clavos en la cruz de aquellos que asumen que, por haber ganado de forma apabullante, no tienen necesidad de escuchar a quienes disienten.

Sin duda alguna la muestra de poder de la aplanadora de MORENA en las Cámaras, la concentración de poder en un solo órgano, la incapacidad de diálogo y la descalificación, pueden ser mañana un gran problema que no están dimensionando, y para muestra, un botón; a unos meses de abrir la revisión del T-MEC ¿Cómo podrá Claudia decir que necesita margen para dialogar con su Congreso? ¿Cómo podrá negar que sus mayorías obedecen sin importar el impacto de la decisión?
MORENA estrenó mayoría en San Lázaro y pronto veremos de lo que son capaces en la Cámara de Senadores, pero para ser sincero las expectativas son bajas, desgraciadamente un grupo de legisladores cumplirán las complacencias de un poder, sin importar que ello nos lleve a un nuevo nivel de crisis para la República.