¿Quiénes son los menos transparentes en San Luis Potosí?

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) tiene en "la lista negra" de antes obligados en materia de transparencia a los ayuntamientos, sindicatos y partidos políticos, pues pasan y pasan los años y estos siguen siendo los entes que menos cumplen con la transparencia.

Más del 70% de opacidad en tres municipios

En este 2024, tres municipios han sido los señalados por ser opacos, se trata de Mexquitic de Carmona, Ahualulco y Tancanhuitz, donde los niveles de opacidad superan el 72 por ciento, según datos de la Plataforma Estatal de Transparencia; además las solicitudes de información han sido ignoradas o respondidas de manera insatisfactoria.

Uno de los principales problemas identificados en los ayuntamientos por los cuales incumplen con sus obligaciones de transparencia, es la falta de recursos y conocimientos adecuados, señaló José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente de la CEGAIP.

Partidos políticos con pobre cumplimiento

En cuando a los partidos políticos, de acuerdo a la CEGAIP, hay dos que no han publicado ninguna Información en la Plataforma de Transparencia, se trata de los partidos De la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social, que están en vías de desaparecer en San Luis Potosí.

En cambio, el Partido Nueva Alianza tiene un cumplimiento de 77%, le sigue Morena con un 43%, Partido del Trabajo (PT) con un 35%, Acción Nacional (PAN) con un 30%, el Revolucionario Institucional (PRI) con 21% y Conciencia Popular con un 19% de cumplimiento.

Un gran desafío para los entes

Navarro Alviso dijo que la transparencia en las instituciones públicas sigue siendo un desafío persistente, a pesar de las sanciones administrativas y económicas impuestas a los entes obligados, por lo que reconoció que el cumplimiento de la ley en materia de transparencia continúa siendo deficiente.

“A pesar de las sanciones, algunos sujetos obligados persisten en su incumplimiento. Estamos trabajando para crear un vínculo más fuerte con ellos, estableciendo métodos que les permitan cumplir con sus obligaciones sin necesidad de llegar a la sanción”.

Multas por más de $950 mil

Durante el primer trimestre de 2024, la CEGAIP determinó 15 medidas de apremio en contra de sujetos obligados, entre amonestaciones públicas y multas que en conjunto ascienden a 959 mil 712 pesos que deberán ejecutarse por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Entre las multas más altas se encuentra una para el Ayuntamiento de El Naranjo, de 144 mil 330 pesos; otra al Sistema DIF Municipal de Charcas por 134 mil 430 pesos; y otras tres por 130 mil 320 pesos, cada una para los organismos de agua potable de los municipio de Cedral, Tamuín y Cárdenas.

Otros organismos operadores de agua multados fueron Interapas y el de Ciudad Valles por 52 mil 128 pesos cada uno, además del organismo de agua potable de Ébano con 94 mil 101 pesos. Las multas menos costosas fueron para el Ayuntamiento de Soledad, por 15 mil 561 pesos; el de Villa de Guadalupe, con 13 mil 443 pesos; el organismo de agua potable de Villa de Arista y el sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos, con 13 mil 032 pesos cada uno.

Por negar información pública, CEGAIP en 1º lugar

En cuanto a las quejas, la misma CEGAIP es quien más quejas ha recibido de enero a la fecha por parte de peticionarios de información, que consideraron que no les fue entregada o negada la información que solicitaron y acumula, con 132; le sigue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con 82.

El Ayuntamiento que suma más quejas es el de Cerro de San Pedro con 71, luego el de Ahualulco con 51, Mexquitic de Carmona con 50, el de la Capital de San Luis Potosí con 44 y Ciudad Valles 43; respecto a las dependencia del gobierno estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llegó a 41 quejas, Interapas a 41 y la Fiscalía General del Estado con 39.

Navarro Alviso destacó que uno de los obstáculos principales para cumplir la transparencia es la falta de personal capacitado para manejar las obligaciones de transparencia, lo cual limita la capacidad de los entes públicos para cumplir con la ley. “La falta de recursos impide que muchas instituciones contraten personal experto en transparencia, lo que agrava el problema".