Poderes judiciales: cuando veas las barbas…

La semana pasada llegó a mis manos un documento que me pareció harto importante y digno de análisis y discusión, relacionado con algunas situaciones negativas en el Poder Judicial de la Federación. “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal” es el documento que en su momento se elaboró bajo la conducción de Felipe Borrego Estrada como Consejero de la Judicatura Federal. La verdad, vale la pena echarle un ojo para tratar de entender algunas cosas de las que suceden alrededor de la reforma al poder judicial que se está proyectando. Véalo como un elemento más para forjar su criterio con base en análisis y entendimiento de distintas situaciones. Mire Usted.

De entrada, el documento introduce al lector a un punto fundamental: “la inadecuada designación del personal administrativo y jurisdiccional, la generación de redes clientelares, el nepotismo, los enroques injustificados y la falta de respeto al escalafón judiciario”. ¿Le suenan esos conceptos? ¿Le viene a la mente organización pública exenta de ello?

En ese estudio, según los datos estadísticos de servidores públicos con familiares, San Luis Potosí se ubicó con el 32.8 por ciento en el total de servidores públicos (servidores públicos con familiares, incluyendo titulares); como mera referencia, el porcentaje más alto lo tuvo Colima (66.03 por ciento.  Zacatecas tuvo un 34.79; Querétaro un 32.26; Aguascalientes, 33.41. Le comento esos datos para que tenga un contexto regional.

Un punto de referencia es entender que contrataciones y cambios de adscripción (o acomodos, si lo quiere ver así) se habían realizado -por lo menos hasta el momento del estudio, es decir, el año 2018- sin un apego total a criterios objetivos e imparciales, es decir, “con sentido de eficacia y eficiencia”. El estudio nos explica que hay presencia latente de criterios subjetivos, es decir, elementos “afectivos, familiares, de interés político o económico” en el acomodo del personal.

Luego entonces, esos criterios subjetivos: “a) Minan la legitimidad de las decisiones administrativas y jurisdiccionales.b) Fomentan el tráfico de influencias.c)  Incentivan la opacidad y repercuten negativamente en la rendición de cuentas.d) Propician conductas corruptas.e) Generan el empoderamiento de determinados sectores al interior de los órganos jurisdiccionales (en nuestro objeto de estudio, esto se aprecia particularmente en los casos de secretarios y oficiales judiciales).f) Crean redes de intereses clientelares entre servidores públicos de diversos juzgados y circuitos.g) Generan discrecionalidad en la toma de decisiones, lo que va aunado a la expedición de criterios regulatorios contradictorios.h) Afectan negativamente la percepción pública del Poder Judicial, lo cual mina los cimientos mismos del Estado constitucional y democrático de derecho, al tiempo en que entorpece el combate a la corrupción (que se complica aún fuera del Poder Judicial) y la tutela efectiva de los derechos humanos, en especial por lo que respecta al acceso a la justicia.”

En esta colaboración, le propongo que nos enfoquemos en un concepto: el nepotismo. Según la RAE, nepotismo significa la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio de mérito y capacidad”. Y aquí, estimado lector, le propongo esto: póngase a pensar en toda aquella organización -pública o privada- que tiene en su interior amplias y variadas redes de familiares. Ya con ello en mente, póngase a analizar si alrededor de esas familias hay una cuestión sindical, es decir que, al amparo del nepotismo, muchos integrantes de una familia hayan obtenido un beneficio laboral y, sumado a eso, una serie de prebendas de índole sindical. Redes complejas, ¿no cree?

Ahora bien, antes de atajar en el futuro las prácticas nepotistas, quizás vale la pena entender que diferentes entes públicos tuvieron en el desarrollo de su burocracia esa práctica. Quizás sea hasta entendible por la época, las características de la sociedad, las sociabilidades alrededor de ello, y demás. El punto es cuando esas prácticas subjetivas dejan de estar ligadas al bien hacer que se requiere desde el servicio público y se convierten en comportamientos nocivos. Así como el estudio habla del Consejo de la Judicatura Federal, piense en otras organizaciones tanto de la rama ejecutiva como de la legislativa en el ámbito federal que pueden vivir esa circunstancia, y aún más, trate de llevar la situación a las organizaciones públicas estatales.

El estudio nos rebela que el Consejo de la Judicatura Federal no estuvo exento de una serie de prácticas que han resquebrajado la confianza en su funcionamiento objetivo, transparente y honesto; de ahí que, una vez que se pudiera concretar la reforma al poder judicial que el oficialismo está promoviendo, no sería nada descabellado pensar en que el mismo fenómeno de reforma puede -y hasta debe- trasladarse a las entidades federativas y a diferentes organizaciones del sector público.

Para cuando Usted esté leyendo esto, seguramente podrá contrastar ideas con lo resuelto en la reforma al poder judicial procesada en la Cámara de Diputados. Quizás estemos viviendo el inicio de una gran bola de nieve que crecerá para “limpiar” diferentes áreas del servicio público. Vamos a ver dónde para todo, pero por lo pronto, “cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”

*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.
alfonsodelrealzac@outlook.com
Facebook: PonchoDelReal