La Suprema Corte de Justicia resolverá en definitiva si la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, violó derechos humanos del diputado Ricardo Monreal al exhibir mensajes privados y atacarlo en medios oficiales a finales de 2022.
La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para revisar la sentencia de un juez federal, que amparó a Monreal para proteger su derecho al honor y la presunción de inocencia, y hoy turnó el expediente a la Ministra Margarita Ríos Farjat.
Monreal es, en estos días, el principal operador en la Cámara de Diputados de la reforma judicial, por la cual los Ministros y Ministras que atrajeron su caso, y probablemente el juez que lo amparó, tendrán que someterse a elección popular en junio de 2025 o dejar su cargo.
El diputado morenista presentó este amparo luego de que, el 23 de octubre de 2022, Sansores empezó a difundir en sus redes sociales mensajes de WhatsApp del entonces senador y, desde el 7 de noviembre de 2022, el juez Agustín Tello Espíndola le concedió una suspensión para frenar los ataques de la mandataria, también de Morena.
Sansores lo acusó de ser cómplice del líder nacional del PRI y ex Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.
"La historia de deshonor que escribe 'Monri' la fue armando lentamente, una traición esperada, una verdad repugnante, y un destino fatal. Monreal devuélvenos nuestra bandera, y eso sí, cuenta bien las 30 monedas que te avienten porque esas sí son tuyas, ¡eh!, esas te las has ganado", dijo Sansores en uno de sus mensajes.
Al amparar a Monreal, Tello explicó que, si bien el político es una persona pública que debe resistir mayores niveles de crítica e injerencia sobre sus actos, los ataques de Sansores en su contra "utilizaron el aparato estatal de forma sistemática y organizada".
Agregó que dichos ataques violaron el derecho de Monreal a la privacidad, al honor y a la dignidad, así como el de presunción de inocencia, ya que la información difundida por Sansores no fue objetiva ni imparcial.
La Corte atrajo el caso a petición de un tribunal colegiado en materia administrativa, que lo consideró relevante.
"La resolución del asunto permitirá analizar en qué calidad la Gobernadora emitió la información controvertida con el fin de dilucidar si lo hace en ejercicio de sus funciones a través de un medio que sirve para transmitir sus actos como autoridad y también corroborar que tipo de afectaciones genera la información difundida al quejoso, para lo cual debe estudiarse si le perjudica en lo personal o en su carácter de servidor público", explicó la Corte al justificar su intervención.
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