La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) llamó al Congreso mexicano a rechazar diversas propuestas de reforma impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador dado que de aprobarse atentarían contra la independencia del Poder Judicial y la rendición de cuentas.
La organización expresó preocupación por la reforma al Poder Judicial, la reforma que elimina el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa y la reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
"Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían controles establecidos para proteger los derechos humanos", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch en un comunicado escrito.
Sobre la reforma judicial, la organización internacional con sede en Nueva York mostró alarma por la propuesta que terminaría por remover a mil 650 jueces federales -y eventualmente a otros 5 mil jueces estatales- y que abre el camino para elegir a los nuevos juzgadores bajo el sistema de votación popular.
"Según los estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de influencias políticas para garantizar que toman decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de acuerdo con la Ley", dijo la organización en un largo posicionamiento público.
"Estas propuestas socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales".
Además, Human Rights Watch hizo énfasis en alertar sobre la provisión para crear la figura de "jueces sin rostro" en el combate al crimen, algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya dictaminó como violatoria al derecho a un juicio justo en casos como el Perú en la década de 1990.
Tal como lo han hecho voces de la academia e incluso del sector privado, Human Rights Watch también llamó a rechazar la propuesta de reforma para eliminar varios órganos reguladores autónomos, y en específico la desaparición del INAI, que garantiza al ciudadano acceso a la información gubernamental.
"Eliminar el organismo independiente de transparencia y permitir que el Gobierno autorregule su cumplimiento con las leyes de acceso a la información socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública", aseguró la organización internacional fundada en 1978.
También, la organización civil también llamó a los legisladores de la Legislatura que entra en funciones el primero de septiembre a detener la propuesta de Ley que transfiere la Guardia Nacional de forma permanente al control de la Secretaría de la Defensa pues abre la puerta a más abusos en contra de derechos humanos.
"Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas de manera informal para realizar tareas de seguridad pública desde 2006 sin control efectivo por parte de las autoridades civiles. Han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, que rara vez se investigan o se llevan ante la justicia", dijo Human Rights Watch insistiendo a detener la propuesta de reforma.
Por último, la organización civil criticó también la propuesta de reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos por los que se obliga a jueces a dictar prisión preventiva automática recordando que 40 por ciento de la población penitenciaria en el País estaba recluida bajo prisión preventiva sin sentencia.
"Obligar a los jueces a ordenar la prisión preventiva sin revisar las circunstancias de cada caso contraviene el derecho internacional humanitario y no es una forma eficaz de abordar la delincuencia", dijo Human Rights Watch recordando también falls de la propia CorteIDH en contra de la prisión preventiva automática.
Desde la semana pasada, la Administración del Presidente Joe Biden en voz del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó específicamente la propuesta de reforma al Poder Judicial asegurando que pondría en peligro intereses económicos y de seguridad compartidos entre ambos Países.
Tras la declaración del Embajador, grupos de la iniciativa privada estadounidense como la Cámara de Comercio de EU criticó también la propuesta para desaparecer a organismos reguladores autónomos y diversos legisladores en el Capitolio han advertido al Gobierno mexicano sobre los efectos de las reformas.
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