Dejarían débil a México las reformas: IP global

Las reformas constitucionales que promueve el Ejecutivo, como la del Poder Judicial, ponen al País en una posición débil frente a la próxima revisión del T-MEC y otros tratados y además minan la oportunidad de captar inversiones anuales de hasta 50 mil millones de dólares al año por nearshoring.

Así lo advirtió en entrevista Manuel Bravo, presidente del Consejo de Empresas Globales, quien añadió que estos cambios constitucionales, como la desaparición de los órganos reguladores, vulneran la certeza jurídica y limitan el potencial de México como destino atractivo para las inversiones. 

"Hacer de México un país atractivo requiere de autoridades reguladoras de excelencia, requieren que actúen con solidez técnica, contribuyan a un mejor y más eficiente ejercicio de todo este quehacer político y si no lo tenemos, seguramente nos pone en una posición más débil en la revisión y en las controversias de estos tratados.

"La revisión del TMEC es en 2026, pero no solo es el tratado con Estados Unidos (y Canadá), sino estamos en constantes conversaciones con los otros tratados internacionales que tenemos, que nos han ayudado mucho al crecimiento como País", afirmó. 

Añadió que si pasan los cambios legislativos, se minará la oportunidad de captar entre 30 mil y 50 mil millones de dólares anuales de inversión, a través del nearshoring, porque los inversionistas podrían elegir otros destinos.

Dijo que las empresas globales seguramente seguirán en el País, pero algunas nuevas inversiones tendrá retos adicionales.

"Sin duda la certeza jurídica es, como hemos mencionado, la piedra angular para atraer inversiones", consideró Bravo.

Recordó que hay países dentro de Sudamérica como Colombia, Chile o en el sureste asiático, como Vietnam, que atraen inversión extranjera por la relocalización de las cadenas de suministro.

El líder empresarial afirmó que a las multinacionales les preocupa que la reforma al Poder Judicial pueda estar incumpliendo las obligaciones previstas en tratados comerciales, no solo el TMEC, sino el que México tiene con la Unión Europea, el del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico e incluso con los países de Centroamérica.

Apuntó que el proyecto de reforma judicial contiene  temas críticos que deben ser  revisados como garantizar la independencia de la judicatura. Es decir, que los  jueces resuelvan los asuntos de manera imparcial, sin ningún tipo de intromisión.

Otro tema es la elección y nombramiento de jueces a través de  procesos imparciales y equitativos, eso con el fin de tener a las personas idóneas.

Otro punto es respetar las condiciones de inamovilidad de los jueces y que los cambios tengan un periodo de implementación razonable.

"En otras reformas, hemos hablado de entre 12 a 24 meses por lo menos para que se muevan las cosas, esta que es mucho más compleja podría ser más de 24 meses", opinó.

Bravo advirtió que es importante que no se limiten  los efectos de las sentencias ya dictadas en términos de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.