La Asociación Internacional de Jueces (AIJ) pidió al Ejecutivo federal reconsiderar su iniciativa de reforma judicial porque es contraria a los principios del mérito y los criterios objetivos para nombrar juzgadores independientes, los únicos que pueden proteger las libertades.
El organismo representante de 92 asociaciones de juzgadores, con sede en Roma, consideró que la propuesta de reforma va a contracorriente de estatutos y postulados internacionales sobre la independencia judicial, principalmente por la elección de jueces mediante el voto popular.
"Introducir el voto popular como decisión final y decisiva en el proceso de designación de jueces es contraria al principio de que los jueces deben ser nombrados con base en el mérito y criterios objetivos respecto de sus habilidades profesionales, y no puede proporcionar nombramientos con base en esos principios", dijo el Comité de la Presidencia de la AIJ.
"Solicitamos al poder ejecutivo mexicano que reconsidere su actual 'Plan de Reforma' a la luz de las ideas y principios establecidos anteriormente y a la comunidad internacional que se una a la CIJ en sus esfuerzos para proteger la independencia de los jueces".
La reforma propuesta, sostuvo, interfiere potencialmente con el principio de seguridad de la inamovilidad y que el mandato de un juez puede terminarse solo como resultado de un proceso disciplinario o en el procedimiento en que el juez sería encontrado no apto para ejercer su cargo,
"La reforma judicial debe ser consistente con los principios bien establecidos y universalmente aceptados de independencia de la justicia para preservar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a tribunales independientes y a disfrutar de libertades que solo pueden ser protegidas por jueces independientes libres de presiones y temores externos", señaló.
De acuerdo con la AIJ, la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador va en sentido contrario de algunos de postulados internacionales como el Estatuto del Juez Iberoamericano, la Carta Universal del Juez y la Recomendación 94/12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
También, de la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces y la Carta Magna de los Jueces Europeos, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, la resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la ONU y la Comisión de Venecia sobre la independencia del sistema judicial.
Además de las recomendaciones de Kiev sobre la independencia del poder judicial en Europa del Este y los dictámenes de la Red Europea de Consejos de Justicia, entre otros.
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