El sistema político del Estado moderno mexicano tiene en sus entrañas una amplia carga presidencialista desde su origen, basta con ver el diseño constitucional, en el que el Titular Ejecutivo tenía la última palabra sobre los conflictos generados entre los factores de la producción, es decir: tierra, capital y trabajo, para dimensionar la carga de poder con la que fue dotado.
Si a este diseño formal se adicionan las prácticas no escritas, pero no por ello inexistentes, encontramos que el Ejecutivo, ejercía en la realidad lo que Enrique Krauze define como la presidencia imperial, ya que todo el Estado, incluyendo los órganos que debían fiscalizar el presidente, giraban y claudicaban ante él.
El caudillo sexenal era dotado de facultades constitucionales y metaconstitucionales que propiciaban que cualquier contrapeso quedara difuminado, el “jefe de las instituciones”, no aceptaba que se le tocara con una crítica y mucho menos que se le increpara, todo debía alinearse a la visión del Tlatoani.
Sin embargo, el sistema político hiperpresidencialista comenzó su propio agotamiento, la carencia de una oposición real y las falacias de una democracia acotada impedían un desarrollo integral de la nación; ante ello, fue necesario un proceso que permitiera transitar de un sistema de partido preponderante a uno pluripartista que tuviera como punto de partida la fragmentación del poder presidencial.
La llegada de José López Portillo trajo consigo el primer esfuerzo institucional por la apertura del poder, legisladores de oposición, reconocimiento a las fuerzas políticas de izquierda y por supuesto una legislación que representaría los primeros pasos de la transición pactada para la apertura del poder.
De esa primer gran reforma, comenzó un largo camino que nos llevaría hasta la alternancia política del año 2000, pero dicho proceso, implicó una serie de cambios graduales, en el que el viejo partido de Estado se resistía a perder su condición de partido preponderante, ello explica la forma actual en como se distribuyen las prerrogativas entre los partidos e incluso la llamada cláusula de gobernabilidad.
Con la reforma Lopez Portillista, se vislumbraba un sistema político de representación mixta, un crecimiento exponencial de la oposición y una dispersión del poder con cambios paralelos como es la de la Contaduría Mayor de Hacienda; ante este escenario, en 1986 la nueva reforma política amplificó la presencia de la oposición por medio la representación proporcional, pero también estableció una sobrerepresentación, que permitiera que el partido ganador, alcanzara la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, de esa forma se garantizaría la gobernabilidad del país, por la estabilidad del órgano Legislativo.
Dicha cláusula de gobernabilidad evolucionó a medida que se desmantelaba el sistema de partido preponderante, pero nunca perdió su esencia de garantizar una mayor representación política a los partidos ganadores en detrimento de la pluralidad que requiere una democracia.
Los gobernantes de la transición y la alternancia fueron beneficiarios de esa cláusula de gobernabilidad, y sin duda alguna fue una disposición que brindo estabilidad durante el proceso de dispersión del poder y del diseño de un nuevo sistema de distribución de funciones que pusiera freno al presidencialismo exacerbado.
La ciudadanía durante este periodo de tiempo no brindó mayorías claras a los gobernantes en turno, por tal motivo del 2000 al 2018 la composición legislativa fue muy plural y se obligó a los gobernantes a buscar la construcción de acuerdos que garantizarán el ejercicio del Gobierno; pero sin duda alguna, todos gozaron como punto de partida el beneficio de la cláusula de gobernabilidad que garantizaba una sobrerrepresentación legislativa.
El tsunami de MORENA en el 2018 y 2021, fue una llamada fuerte para entender que la vieja cláusula del presidencialismo mexicano era un riesgo que ya no debía perpetuarse, y aunque desde el INE se intentó matizar dicha cláusula, la realidad es que no hubo forma de obtener una interpretación armónica de la disposición constitucional.
Hoy, que la ola morenista golpeó más fuerte al sistema político mexicano, esa cláusula que nadie se atrevió a tocar por miedo a sacrificar una mal entendida gobernabilidad es el yugo que margina más a la oposición, es el recoveco que difumina más el sistema de pesos y contrapesos; y es la muestra más clara que la entonces clase gobernante y ahora oposición durante la transición, no pudieron entender que la democracia debía fortalecerse y no dosificarse.
Esa cláusula debió ser eliminada por quienes en su momento plantearon las reformas políticas de la transición, pero al ser beneficiarios de ella prefirieron dejarla, pensando que no había riesgo de que la ciudadanía decidiera concentrar el poder; aquella cláusula que se diseñó para dar mayorías absolutas, hoy esta dando mayorías calificadas; aquella disposición que se diseñó para dar gobernabilidad, es la que tiene al sistema político, pendiendo de 3 senadores que serán las piezas claves, para garantizar un freno a mayorías aplastantes que no se veían en nuestro país en casi 30 años.
Hoy los defensores de la cláusula de gobernabilidad son aquellos que pugnaron por la apertura democrática y sus detractores, son quienes pudiendo quitarla, prefirieron beneficiarse de ella, hace unos años, esa disposición era un elemento viejo en un sistema que estaba en plena gestación; hoy es la pieza central que nos lleva rumbo al comienzo de una nueva transición, de la no hay claridad del puerto en que se desembocará.
