Donald Trump ha intensificado su retórica sobre la inmigración ilegal, prometiendo llevar a cabo “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”, una promesa que incluye redadas masivas en lugares considerados zonas sensibles», como colegios, hospitales e iglesias.
Este enfoque radical se detalla en el Proyecto 2025, un plan elaborado por la Heritage Foundation que serviría como guion para una posible segunda presidencia de Trump.
Durante sus apariciones públicas, Trump ha repetido constantemente su intención de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, aunque sin detallar cómo se llevará a cabo esta ambiciosa operación.
En una reciente entrevista en la cadena ABC, su compañero de fórmula, J.D. Vance, intentó matizar la propuesta, sugiriendo que comenzarían con un número menor de deportaciones, pero sin especificar un plan claro.
El Proyecto 2025, que abarca más de 900 páginas, fue redactado por antiguos funcionarios y aliados de Trump. En su sección dedicada a la inmigración, escrita por Ken Cuccinelli, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se proponen medidas extremas, como la consolidación de todas las agencias migratorias en un nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enfocado exclusivamente en la deportación de indocumentados y la restricción de la inmigración.
Una de las propuestas más controvertidas es la realización de redadas en lugares que hasta ahora habían sido protegidos, como escuelas, hospitales, iglesias y tribunales. Además, el plan sugiere eliminar el debido proceso para facilitar las deportaciones rápidas sin la intervención de un juez, ampliando el uso de la expulsión acelerada a nivel nacional.
El plan también busca restringir aún más la inmigración legal, eliminando programas como DACA, que protege a menores indocumentados, y las visas U y T, diseñadas para víctimas de tráfico humano. También propone revocar las protecciones temporales para personas de países en conflicto, así como dificultar el acceso al asilo para víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
A pesar de la retórica agresiva, implementar estas medidas requeriría superar significativos obstáculos legales y legislativos.
El plan reconoce que muchas de sus propuestas necesitarían la aprobación del Congreso, un desafío considerable incluso bajo las proyecciones más optimistas. Para sortear estas limitaciones, se sugiere el uso de órdenes ejecutivas y nombramientos interinos para evitar los requisitos constitucionales y avanzar con la agenda desde el primer día.
Este enfoque ha generado críticas de defensores de los derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de crear un estado policial y la erosión de derechos fundamentales.
La comparación con la Operación Wetback de 1954, en la que se deportaron a cientos de miles de mexicanos, subraya las preocupaciones sobre los impactos humanitarios de una política de deportación masiva sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.
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