San Luis Potosí, SLP.- El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, ha detectado la existencia de hasta 30 despachos de “asesores”, mejor conocidos como coyotes, que operan en los municipios de todas las regiones del Estado. Se presentan ante funcionarios con cuentas pendientes, ofreciendo el servicio de “arreglo de Cuentas Públicas”.
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, informó que esta situación se ha hecho presente durante el proceso de auditoría a las Cuentas Públicas 2023, “se ostentan como gestores, pero contratarlos sale peor”.
Ante esa situación, el Auditor Superior del Estado puntualizó que “nadie arregla Cuentas Públicas, solo el IFSE fiscaliza y determina si una observación fue desahogada de manera satisfactoria o no, y lo hacemos en el marco de la legalidad, de manera responsable y basándonos en acciones que forman parte de un proceso basado en las leyes de la materia”.
Estos “gestores” no son otra cosa más que “vivales, extorsionadores y/o estafadores” cuyas principales víctimas son los Ayuntamientos y que el organismo fiscalizador ya tiene plenamente identificados; se trata de despachos contables y jurídicos establecidos por exfuncionarios del propio Instituto y otras instancias públicas que si bien tienen nociones de los procedimientos, no arreglan realmente nada y dejan a los entes auditables con problemas más graves de los que ya tenían.
“Hemos estado haciendo una campaña muy fuerte con los Alcaldes para que no se dejen engañar por estos ‘gestores de Cuentas Públicas’ que no son más que ‘coyotes’, hablamos con los funcionarios y les hemos dicho que si tienen algún problema se acerquen al Instituto, que estamos completamente abiertos a brindarles asesoría para que solventen las irregularidades en que pudieron incurrir”, señaló Rodrigo Lecourtois.
En relación con ello, el titular del IFSE exhorta a los funcionarios y exfuncionarios con pendientes en el Instituto, para que eviten caer en manos de personas que se dicen “especialistas” en el manejo de los procedimientos de auditoría, pues regularmente provienen de despachos que no están debidamente certificados y más bien actúan buscando solamente su beneficio económico.
Finalmente, Lecourtois López afirmó que los afectados pueden acudir a la sede del organismo fiscalizador a presentar las denuncias correspondientes por estos hechos, o bien hacerlo por los canales que ofrecen las redes sociales institucionales.