La Confederación Nacional de Cámaras Empresariales (CONCANACO SERVYTUR) expresa su total respaldo a la declaración emitida por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en relación con la grave situación de extorsión que afecta la cadena productiva.
Ante la realidad de que la extorsión, lejos de disminuir, ha incrementado en varios puntos del país, el organismo cúpula apoya la propuesta de elevar este delito a la categoría de grave y perseguirlo de oficio, como lo declaró la futura presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que esta Confederación reconoce y respalda la declaración de la presidenta electa y reitera su compromiso en la lucha contra la extorsión y en la creación de un ambiente seguro y propicio para el crecimiento económico del país.
En respuesta a esta problemática, la Confederación más vertebrada de la nación ha tomado acción al entregar un documento firmado por el Comité Ejecutivo, solicitando la tipificación del delito de extorsión en el Código Penal, proponiendo condenas de 6 a 10 años de prisión a quien genere alza de precios, competencia desleal o distorsione el mercado.
Además, se ha hecho llegar esta propuesta a los 32 gobernadores del país para que analicen la situación y tomen medidas al respecto en sus respectivas demarcaciones.
Y es que, de acuerdo con el Diagnóstico de Riesgos de Seguridad realizado por este organismo en 2023, el 78% de las entidades federativas, es decir, 26 de los 32 estados, registraron diferentes modalidades de extorsión. Las más comunes son el cobro de piso y el derecho de paso, las cuales han afectado significativamente tanto a las comunidades rurales como a las zonas periféricas urbanas.
El diagnóstico también reveló la preocupante penetración de actores y organizaciones criminales en las cadenas de valor en 25 estados del país, donde han logrado infiltrarse desde la proveeduría hasta la distribución y venta de diversos productos, incluyendo materiales de construcción, alimentos, bebidas y materias primas, con énfasis en productos esenciales como el huevo, la tortilla, el pollo y la carne.
Ante este panorama, el organismo propone ampliar y formalizar en todo el país las mesas de trabajo conjuntas con las autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo es diseñar y aplicar políticas públicas que fortalezcan la seguridad y promuevan un entorno seguro para el desarrollo de las actividades económicas.
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