Numerosas mujeres enfrentan en el Estado de México obstáculos para hacer valer su derecho al aborto en las circunstancias en que lo permite el Código Penal local y más de 70 mil de ellas han tenido que trasladarse a la CDMX para acceder a él, indica un informe de Human Rights Watch (HRW).
En tanto, alerta la organización, entre enero de 2018 y marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició 740 investigaciones penales por el delito de aborto.
La legislación vigente en el estado, explica HRW, continúa criminalizando el aborto, excepto en casos de acción culposa, cuando el embarazo es resultado de violación, cuando existe riesgo para la vida de la embarazada o cuando el producto sufre de alteraciones genéticas o congénitas.
Sin embargo, advierte, no está garantizado el acceso al servicio de aborto para quienes están en esas causales.
El informe Navegando Obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México, difundido este martes, precisa que existen reportes sobre proveedores de salud que niegan o demoran servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan a sobrevivientes de violencia sexual y someten a mujeres a maltratos.
"A su vez, algunos hospitales y proveedores de salud imponen requisitos arbitrarios que contravienen o menoscaban la ley o los reglamentos existentes, limitando aún más el acceso", explica.
"Algunos proveedores de salud exigen que las personas sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos a las autoridades antes de acceder a servicios de aborto, a pesar de que la legislación no requiere realizar tal denuncia".
En tanto, agrega HRW en su reporte, el temor a consecuencias legales disuade al personal de salud de prestar servicios y a las usuarias de buscar atención en aborto.
"La persona que realice un aborto está sujeta a una pena de tres a ocho años de prisión cuando se obra sin el consentimiento de la mujer embarazada, y de uno a cinco años de prisión si se realiza con el consentimiento de la mujer. Las mujeres que den su consentimiento al aborto también están sujetas a pena de prisión de uno a tres años, detalla.
"El personal médico también puede ser suspendido en el ejercicio de su profesión por tres a seis años".
Entre 2018 y 2022, añade, la Secretaría de Salud del Estado de México registró 41 mil 261 egresos hospitalarios de atención por aborto y 179 egresos de atención por aborto bajo causal de violación.
Las mujeres del Estado de México son el segundo grupo más numeroso que busca obtener servicios de aborto en la Ciudad de México, al sumar 72 mil 336 de 2007 a la fecha.
De hecho, afirma HRW, es común que las instituciones de salud en el estado deriven casos a clínicas en la Ciudad de México.
nacionales
