Un juez federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia en la que iba a determinar si interrumpía el proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso del incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 migrantes murieron y 25 resultaron heridos el 27 de marzo de 2023.
Víctor Mario Hernández Calderón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad fronteriza, dijo que no iba a llevar a cabo la diligencia hasta que un tribunal resuelva un amparo en revisión del propio Garduño.
Ese amparo es precisamente el que promovió el funcionario contra la negativa del juez Hernández, de concederle la primera solicitud de suspensión condicional del proceso, informó la Fundación para la Justicia.
El titular del INM está sujeto a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, un delito que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio y que le ha permitido llevar desde abril del año pasado su proceso en libertad.
La audiencia de este lunes iba a ser la segunda ocasión en que Garduño iba a pedir la suspensión condicional del proceso, una salida alterna prevista en el sistema penal acusatorio, mediante la cual un imputado puede concluir su procedimiento de manera anticipada, con un plan de reparación del daño integral sin ser llevado a juicio ni sentenciado.
Únicamente cuando se incumple con las obligaciones contraídas se reactiva la acción penal contra el imputado.
"A la audiencia acudieron 16 víctimas del incendio (sobrevivientes y familias de fallecidos) para manifestar su repudió a la impunidad de Estado a la que Garduño buscaba por segunda ocasión recurrir", dijo la Fundación para la Justicia.
"De habérsele concedido esta solución alterna, la Fiscalía General de la República habría tenido que cesar sus investigaciones alrededor de la responsabilidad de Garduño en el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes y lesionó (con secuelas de por vida) a 27 más, el pasado 27 de marzo de 2023, en la estancia migratoria de Ciudad Juárez".
Agregó que los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pretendían que la audiencia de hoy no fuera pública, sino privada, pero el juez negó la solicitud y después aplazó la diligencia.
Allegados al procesado indicaron que Garduño ya tiene preparado desde hace tiempo el plan de reparación integral del daño, con base en las medidas que determinó la CEAV.
Las víctimas de aquel 27 de marzo eran procedentes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
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